Feijóo apuesta por defender las competencias del marco vigente y advierte al Estado que "los estatutos están para ser cumplidos"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo formulará al Ejecutivo estatal su cuarto requerimiento de incompetencia en seis meses, en este caso por entender que el Estado invade las atribuciones de la Comunidad gallega con la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.
El Gobierno gallego, que decidió la presentación de este requerimiento en su reunión de hoy del Consello, argumenta que la convocatoria del Estado para subvenciones dirigidas a municipios, mancomunidades y comarcas para programas de integración de inmigrantes entra en materia de asistencia social, una competencia exclusiva de la Comunidad gallega.
Así, entiende que la resolución sería inconstitucional en su conjunto por "obviar totalmente" la actuación de la Xunta y que subdiarimante, habría invasión de competencias en varios artículos y anexos de la norma.
Al respecto, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reafirmó la voluntad de su Gobierno de "defender las competencias del Estatuto de Autonomía", y advirtió de que, si el Estado no atiende este requerimiento, la orden de ayudas será recurrida ante el Tribunal Constitucional "porque los estatutos están para ser cumplidos".
OTROS REQUERIMIENTOS
Este es el cuarto requerimiento de incompetencia que promueve el Gobierno de Feijóo desde su toma de posesión el pasado mes de abril, después del relacionado con una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, del impulsado en relación a la gestión de residuos de actividades mineras y del presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El primero de estos requerimientos, sobre la orden de subvenciones en materia educativa, fue aceptado por el Gobierno central el pasado 24 de julio, al considerar que es posible mejorar la convocatoria. No obstante, en relación a la gestión de residuos mineros, la Xunta decidió, a mediados de septiembre, recurrir ante el TC el decreto estatal, después de que el Estado no aceptase sus quejas por invasión de competencias, mientras que sobre el FROB, ambas administraciones han abierto un periodo de negociaciones que, de momento, paralizó la intención del Gobierno gallego de recurrir ante el Alto Tribunal.
A ello hay que añadir el recurso contencioso administrativo que decidió presentar la Xunta contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos.
La Xunta creó el pasado mes de agosto una comisión de seguimiento, adscrita a la Dirección Xeral de Relacións Institucionais y Parlamentarias de la Consellería de Presidencia, que se encarga de la revisión de toda la normativa legal que pueda colisionar con las competencias propias de Galicia. Así, según informaron a Europa Press fuentes de la Xunta, este órgano estudia también presentar al Estado un requerimiento por invasión de competencias debido a la convocatoria de subvenciones para la conservación del patrimonio natural.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional emitió hace una semana una sentencia en la que da la razón a la Xunta y declara nulos 15 artículos del decreto estatal que regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, al entender que la competencia afectada por el texto normativo corresponde a la comunidad. Este recurso había sido interpuesto por el anterior Gobierno bipartito.
