Cree que la alternativa de juzgar "inmediatamente" a ambos piratas y que cumplan condena en Somalia "no va contra el Estado de Derecho"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidade da Coruña (UDC), José Manuel Sobrino Heredia, dudó hoy de que los dos piratas detenidos en España puedan ser extraditados a Somalia al considerar que no existen garantías de que puedan ser juzgados en ese país.
En declaraciones a Europa Press, explicó que España no tendría que negociar un convenio de extradición con el país africano si se tratase de un crimen de persecución universal por piratería. No obstante, subrayó que ese no es el delito que se imputa a los dos piratas detenidos.
El también director del Instituto de Estudios Europeos de la UDC apuntó que otra de las posibilidades, que centra la defensa de los abogados de los dos piratas, es que se estime que la conducta de ambos no es merecedora de un determinado número de años de condena y, por tanto, se proceda a su expulsión del país. "Es lo que piden sus abogados", señaló, tras comparar esta opción con los casos de expulsión de "pequeños delincuentes".
JUICIO RÁPIDO Y CONDENA EN SOMALIA
Asimismo, señaló que otra alternativa es la de juzgar "inmediatamente" a ambos piratas y "llegar a un acuerdo abogado-fiscal" para que cumplan la condena en Somalia, una opción que, indicó, "no va contra el Estado de Derecho". Sobre este punto, recordó que existen múltiples convenios en determinados países que permiten, por ejemplo, que ciudadanos españoles condenados en Tailandia cumplan condena en España y viceversa.
A este respecto, Sobrino Heredia advirtió de que "no sería la primera vez" que piratas condenados en países europeos optan por cumplir condena en la Unión Europea a hacerlo en Somalia, una opción que atribuyó a "motivos económicos" y de la que afirmó que se han dado tres casos en Holanda. "La situación de Somalia no está para quedarse allí", recalcó.
El experto en Derecho Marítimo Internacional de la UDC criticó la escasa información facilitada por el Gobierno central acerca de la crisis del 'Alakrana' en general para justificar que, por ello, haya que "deducir" las alternativas existentes en cada momento y tras recordar que él no es juez y que las decisiones dependerán del magistrado competente --en este caso de Santiago Pedraz--.
