La mayoría de los damnificados se acogieron en 2004 a las compensaciones concedidas por el Estado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Más de 20.000 profesionales del mar gallegos recibieron una indemnización del Estado en compensación por las pérdidas derivadas del Prestige, que hace seis años naufragó a 30 kilómetros del Cabo Fisterra provocando un vertido de más de 60.000 toneladas de fuel oil pesado que afectó al litoral gallego, cántabro, portugués y parte del francés.
Dos despachos de abogados, el de Alberto Muñoz y de Ramón Sabín, defendieron las reclamaciones de los pescadores, marineros, armadores y comercializadores de productos del mar a través de una Coordinadora y una Comisión de Cofradías de Pescadores Afectados por el Prestige, que atendieron a 10.000 y 15.000 clientes, respectivamente, según señalaron ambos a Europa Press.
"Sólo un pequeño número de afectados quedó sin cobrar", aseguró a Europa Press Ramón Sabín, tras estimar que esa cifra ascenderá a 200 personas en su caso. Entre sus clientes figuraron diversos pósitos gallegos y la propia Federación Galega de Confrarías de Pescadores.
Según explicó a Europa Press el abogado de la Comisión de cofradías afectadas por el Prestige, las opciones de los damnificados que no percibieron una compensación del Estado se limitan a "ser indemnizados por el Fidac --ente internacional que media en los casos de contaminación por hidrocarburos-- o esperar al juicio".
Entre ellos se encuentran los que no reunían los requisitos exigidos por el Estado, "gente que estaba de baja o enferma en el momento del siniestro y no percibió las ayudas". Este abogado defendió que, no obstante, las cofradías a las que atendió están, hoy, "satisfechas", sobre todo "cuánto más tiempo pasa".
"Me criticaron mucho cuando decía que este era un proceso muy largo, complicado y costoso. Han pasado seis años y por la vía judicial no se ha conseguido nada", aseveró para añadir que, a su juicio, los damnificados que no han cobrado todavía "tardarán mucho" en hacerlo.
Este abogado destacó la dificultad de que, seis años después de la catástrofe, los profesionales afectados logren acreditar que en 2002 padecieron daños mayores a las ayudas concedidas en su momento por la Xunta de Galicia.
COFRADÍAS "PERJUDICADAS"
En suma, unos 700 profesionales del mar gallegos afectados hace seis años por la marea negra del Prestige están pendientes de recibir una compensación a los daños que causó en 2002 el vertido de chapapote y la posterior marea negra que impregnó el conjunto del litoral gallego.
A los 200 vinculados a la Comisión de Cofradías afectadas por el Prestige se suman los casos similares registrados por la otra organización implicada en la defensa de los derechos de los agentes del sector pesquero y marisquero.
Precisamente, otros 10.000 profesionales gallegos del mar dejaron sus reclamaciones en manos de la Coordinadora de Cofradías de Pescadores Afectados por el Prestige, cuyo abogado, Alberto Muñoz, denunció a Europa Press que el Estado "abandonó a un gran número de personas con situaciones más complejas". La cifra asciende a 500 personas en el caso de la organización a la que representa.
Según señaló, las reclamaciones de profesionales del sector extractivo de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco que recurrieron a la vía judicial superan las 2.000 y deberán ser resueltas en un juicio que, como apuntó podría celebrarse el año que viene en A Coruña.
Muñoz reprochó al Estado que no haya compensado de igual modo a todos los afectados dado que, a su juicio, las cofradías de la "zona cero", esto es, de A Costa da Morte, percibieron indemnizaciones "generosas". Sin embargo aseguró que "se perjudicó a las cofradías de las Rías Baixas y de A Mariña lucense. Las que más facturaban fueron las que menos cobraron".
En su opinión, el Estado "hizo negocio" al adelantar una parte de las compensaciones que reclamaba el sector pesquero y marisquero mediante acuerdos de transacción con Hacienda para no tener que pagar la "cuantía definitiva", la que, a su juicio, se vería obligado a asumir en caso de que el juzgado lo declare culpable.
Según Muñoz, dos reales decretos de principios y finales de 2004 limitaron a un año el pago de esas indemnizaciones que, de otro modo, podrían ser más elevadas cuando concluya el juicio y se disponga de una sentencia. "Si el Estado es condenado deberá pagar ilimitadamente todos los daños. El Prestige fue un gran desastre ecológico pero también económico", subrayó.
En la actualidad, el Juzgado de Corcubión asume la fase de instrucción del procedimiento penal que, una vez concluya dará paso a un "macrojuicio", como apuntó, al que asistirán más de 70 abogados y en el que se personará además el Estado francés.
