El Bloc propone una Ley de financiación "justa" y racionalizar la administración para evitar la malversación de fondos

PALMA DE MALLORCA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Bloc per Mallorca en el Consell, Joana Lluïsa Mascaró, ha registrado diversas propuestas de resolución dirigidas a evitar la malversación de fondos públicos desde las instituciones, entre ellas la racionalización de la administración y su estructura, la simplificación de trámites y el impulso de una Ley de financiación "justa", medidas que se debatirán en el próximo pleno de Debate de Política General que la institución insular celebrará el próximo 10 de marzo.

En un comunicado, Mascaró ha expresado el "rechazo total" del grupo de consellers a los delitos relacionados con la corrupción a través de las propuestas presentadas y entre las medidas lanzadas propone que el Consell se comprometa a trabajar con el Govern a fin de definir "claramente" las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía.

En este sentido, la portavoz ha puesto de manifiesto que para el PSM y sus consellers es "una prioridad la defensa de una mejora en la financiación de la institución", por lo que ha propuesto conseguir una Ley de financiación de los Consells "justa y adecuada a las competencias y servicios que gestionan", y también para los ayuntamientos a través de un nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales.

Por otro lado, la portavoz nacionalista establece los parámetros mínimos por los que debe regir el desarrollo del proyecto de la Vía Conectora, con la minimización del impacto ambiental y del consumo de territorio, pero sobre todo la adaptación a la parte normativa del Plan Director Sectorial de Carreteras (PDSC) y del proyecto al modelo de carretera convencional desdoblada con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora.

"Paso imprescindible", ha recalcado, también es la aprobación de todas las evaluaciones ambientales de la Comisión Balear de Medio Ambiente, al tiempo que ha subrayado que las propuestas de resolución "ponen en evidencia" la necesitad de incrementar la protección del patrimonio y la defensa de la lengua catalana, "así como los esfuerzos para reconocer la función estratégica de la cultura como elemento diferenciador de nuestra tierra".