PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, ha explicado este jueves que el Ayuntamiento no ha podido conceder la licencia al segundo casino de Palma por la ordenanza de usos en las zonas del centro de histórico que hay en vigor.
"Actualmente y atendiendo a la normativa tan restrictiva", Cort "no puede soslayar la legalidad vigente" y, por tanto, no puede conceder licencia de obra ni de actividades al Casino Teatro Balear "ya que el proyecto presentado por la empresa incumple artículos de esta ordenanza", ha informado.
En un comunicado el edil ha considerado "una buena noticia" para Palma que el casino recale en el centro de Palma porque éste "contribuiría a dinamizar esta zona". Sin embargo, "lamentablemente nos hemos encontrado con que, muy a nuestro pesar, es imposible conceder la licencia de actividad y de obra debido a la normativa tan restrictiva que impone la ordenanza".
El teniente de alcalde ha apuntado que la empresa solicitó el pasado martes la licencia de actividades y este miércoles la licencia de obra mayor, "solicitudes que están siendo analizadas por los técnicos del área de Urbanismo". "Sin embargo y a la espera del informe final, se ha constatado, por parte de los técnicos municipales, que el proyecto presentado no se ajusta a la normativa municipal".
Concretamente, la ordenanza de usos en las zonas de centro histórico establece una serie de prohibiciones para la concesión de la licencia de actividad en este tipo de establecimientos al señalar que no se concederá licencias al "local o locales cuya superficie total construida del establecimiento sea superior a 300 metros cuadrados".
Asimismo, apunta a la no concesión de licencia de actividad "si el establecimiento no dispone en el mismo edificio y/o solar en el que se ubica, de espacio destinado a plazas de aparcamiento para vehículos automóvil tipo turismo a razón de una plaza de aparcamiento por cada 10 personas de aforo de la actividad".
Por último, estipula como causa de la no concesión de licencia la "ubicación de la actividad en local o locales contiguos con ámbitos del propio edificio o de otro", entre ellos el de viviendas, tal y como así está ubicado el actual Teatro Balear. En este punto, la ordenanza apunta que "se entenderá que existe contingüidad con una vivienda u otros usos cuando el establecimiento, en cualquier parte de sus paredes laterales, por el techo o por el suelo, linda con local o locales utilizados como vivienda".
Valls ha manifestado que, como las restricciones afectan a numerosos establecimientos, "hace meses que se iniciaron los estudios para cumplir con los objetivos de la normativa sin parámetros tan restrictivos". Además, ha reconocido que la modificación de la Ordenanza "no podría acometerse en un plazo inferior a seis meses ya que hay que cumplir una serie de trámites urbanísticos".
"Hubiera sido deseable que los promotores que se presentan a un concurso de tanta envergadura hubieran realizado las consultas urbanísticas previas oportunas en relación a toda la normativa urbana aplicable", ha concluido.
EL PSIB LO TILDA DE "CHAPUZA" Y ADVIERTE SOBRE POSIBLES INDEMNIZACIONES
Por su parte, el PSIB ha calificado de chapuza el concurso porque en este proyecto "promovido" por el PP "no se hizo constar, ni en los pliegos, ni en la mesa de contratación, que no era posible hacer un casino en el centro de Palma".
Además, ha indicado que actualmente hay "una situación de inseguridad jurídica" que puede "dar pie a posibles indemnizaciones millonarias" porque "alguien tiene que asumir responsabilidades", ha manifestado en el pleno el regidor José Hila.
"Si el Ayuntamiento quería el casino en Playa de Palma como ha salido publicado, no se entiende el desastre en el que se ha convertido este gran proyecto del PP", ha indicado el socialista, quien considera "desastroso que el final de un concurso público sea que el ganador no puede hacer la obra porque no existen las condiciones".
Los socialistas han advertido a Cort que se interese por la situación de futuro, ya que el Govern podría declarar el proyecto de interés autonómico y la ordenanza municipal se tendría que adecuar.
