PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Defensora de la Ciudadanía, Anna Molinanen, ha presentado este miércoles la 'Memoria de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía 2018' en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Palma en el que, entre otros asuntos, ha destacado la necesidad de un "proyecto integral y viable" para las viviendas sociales del Camp Redó.
En su intervención, Molinanen ha expuesto que en esta zona de Palma se vive una de esas "circunstancias complejas" cuya "solución no acaba de llegar". Así, ha avisado de que "el caso de las viviendas sociales del Camp Redó no es el único", en la medida en "que se descuiden las zonas con riesgo de exclusión".
Molinanen ha explicado que este caso ha supuesto una "inversión importantísima" de los recursos de la Oficina y ha afirmado que se seguirá haciendo "hasta comprobar que la administración tenga un proyecto integral, viable y sostenible para este vecindario".
La Defensora también ha tratado "la complejidad" de la gestión de los espacios de titularidad privada y acceso público indeterminado, como por ejemplo el recinto de S'Escorxador, las galerías comerciales de los Geranios, las galerías Velázquez o en pasajes particulares en las barriadas de Verge de Lluch, Nou Llevant, Camp Redó.
Así, ha señalado que existe "una laguna legal, en la que existen contradicciones entre las posturas y pronunciamientos de diferentes departamentos municipales".
En este sentido, ha expuesto que además de afectar a la resolución de las reclamaciones de los vecinos en relación con la inseguridad, ruidos y suciedad este problema también afecta a la actuación de la administración en cuanto a la regulación y control de las actividades relacionadas con la restauración, ocio y comercios. "Es urgente que el Ayuntamiento resuelva la cuestión", ha manifestado.
Por otra parte, Molinanen ha hablado de la contaminación acústica y ha señalado que se ha desarrollado "un estudio acústico innovador", teniendo en cuenta "todos los factores que inciden sobre el ruido y con un carácter proactivo y pedagógico".
Además, Moilanen ha explicado que la Oficina trabaja abriendo expedientes relacionados directamente con la posible vulneración de los Derechos de la Ciudadanía así como informando, mediando y asesorando según la naturaleza de la reclamación.
Según ha precisado, en 2018, se han trabajado en 300 expedientes contando con los expedientes "heredados" del año anterior de los cuales 39% estaban relacionados con el ruido, un 26% sobre cuestiones relacionadas con urbanismo y un 18% en el que se implica a la Policía Local, pero "no por ser los responsables de la reclamación sino por ser testigos de los hechos reclamados, como por ejemplo en cualquier incidente por molestias vecinales".
