PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Dos agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, que trabajaron con el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva en la instrucción del 'caso Cursach', han negado este jueves que cometieran irregularidades durante la investigación.
Los agentes han declarado este jueves ante el juez instructor, Carlos Gómez, y está previsto que entre hoy y este viernes declaren igualmente otros dos agentes más.
Este miércoles, el exjuez Manuel Penalva negó en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haber presionado a un testigo para que vertiera acusaciones falsas contra policías nacionales durante la instrucción.
El exjuez respondió solo a preguntas del Fiscal y de su defensa y defendió la legalidad de las investigaciones durante la instrucción.
Por otra parte, el testigo 26, conocido como el trilero también citado a prestar declaración a primera hora, se acogió a su derecho a no declarar.
Los interrogatorios se centran en determinar si Penalva y Subirán indujeron a testigos a realizar declaraciones falsas durante la instrucción del 'caso Cursach'.
Entre este jueves y este viernes, deben declarar los cuatro policías de Blanqueo con los que Penalva y Subirán trabajaron en el caso investigado.
Cabe recordar que, a mediados de marzo, a través de una providencia, el magistrado Carlos Gómez dio conocimiento del auto de la Sala de lo Penal del TSJIB, en el que se acordaba investigar si Penalva y Subirán indujeron a testigos a realizar declaraciones falsas durante la instrucción del 'caso Cursach'.
De este modo, el juez citó a declarar, además de al ex juez y al ex fiscal, al testigo número 26 de la causa tras aceptar la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y varias acusaciones.
Esta decisión se tomó después de que la Sala revocara el auto con el que se cerraba la instrucción y procesaba a Penalva, a Subirán y a cuatro policías nacionales por delitos de revelación de secreto, omisión del deber de perseguir delito y omisión del deber de promover la persecución de delitos, dejando fuera del proceso judicial las acusaciones por detenciones ilegales, coacciones a testigos e investigados o manipulación de declaraciones.
