PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido escrito de acusación al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el que pide apertura de juicio oral contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán para los que solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales. Descarta, por lo tanto, el delito de coacciones.
Así mismo, la Fiscalía solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señala las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.
Además de Penalva y Subirán, la Fiscalía señala al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, integrado por Blanca Ruiz, José Luis García, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera y encargado de la investigación, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia. Para ellos pide penas que suman más de 340 años de prisión.
A lo largo de las 32 páginas del escrito, firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, el Ministerio Fiscal sitúa entre 2013 y 2018 cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados.
Cabe recordar que el fiscal Tomás Herranz fue el encargado de leer el escrito de conclusiones, entre lágrimas, del caso Cursach en el que se retiraban todas las acusaciones a los procesados y pedía perdón en nombre de la Fiscalía.
En las fechas mencionadas, el Ministerio Fiscal también describe cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones "facilitadas por los acusados y sin que evitaran o impidieran su divulgación ni investigaran quién filtraba la información".
En detalle, en el escrito de acusación desgrana informaciones publicadas en diferentes medios de Baleares estando la causa bajo secreto de sumario.
Además, el Ministerio Fiscal sostiene que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio "de contenido completamente inconcreto y especulativo". Indica que tras "una muy deficiente investigación", los acusados practicaron detenciones, presiones a detenidos, investigados y testigos y envíos a prisión.
La Fiscalía también alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de "presionar y ablandarlo", y la imputación a cada uno varios delitos "inexplicablemente". Tras las declaraciones, los padres quedaron en libertad, pero el Ministerio Fiscal explica que el hermano de Gijón continuó arrestado "sin motivo alguno que lo justificara".
En referencia a Gijón, los fiscales argumentan: "Los investigadores se habían fijado como meta demostrar su implicación y entre todos decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político".
La Fiscalía describe siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que describe presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.
Con todo, el Ministerio Fiscal solicita a los acusados indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.
