PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado que el Alto Tribunal confirme la sentencia que la Audiencia Provincial de Baleares dictó en junio de 2013 a favor del exsecretario general de UGT Baleares Lorenzo Bravo, quien fue demandado por el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por considerar que había visto afectado su derecho al honor con determinados improperios. El Ministerio Público sostiene que éstos son "excesos verbales insuficientes para generar una lesión del derecho al honor".
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal José María Paz se opone al recurso de casación interpuesto por Bauzá contra la anterior resolución, al alegar que las manifestaciones del exlíder sindical fueron vertidas como reacción a dos decisiones adoptadas en 2011 por el Ejecutivo balear: la reducción del número de liberados sindicales y el recorte de subvenciones a los sindicatos.
En su recurso, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en representación de Bauzá, defendía sin embargo que los insultos fueron un "ataque" a su persona y no una "sana crítica" por unos acuerdos que el Govern acababa de adoptar. Así, la representación procesal del presidente aseveraba que la voluntad del líder sindical pasaba por "injuriarle", aseverando que sus palabras "no se enmarcaron en el contexto de dos concretas decisiones políticas, sino que fueron más allá".
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia confirmó la sentencia que dictó la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palma, que desestimó la demanda del máximo mandatario autonómico al aseverar que, valorado el contexto en que se produjeron los hechos, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor.
