PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Círculo Balear (FNCB) ha instado a la Abogacía del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Baleares, a presentar recurso contra la Instrucción del Ayuntamiento de Palma que exige el catalán como requisito obligatorio para los proveedores de servicios que quieran contratar con el consistorio.
Así lo ha anunciado la entidad en un comunicado en el que recuerda que la instrucción obliga a las empresas contratistas a entregar toda la documentación técnica y los trabajos al menos en catalán, además de utilizar esta lengua en rótulos, publicaciones, avisos y comunicaciones que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, y tener personal de atención al público con conocimientos de catalán.
También en la prestación de servicios, la ejecución de obras o la puesta a disposición de suministros se exigirá la utilización del catalán al igual que en las comunicaciones por megafonía, manuales de uso, etiquetaje o embalaje, incluyendo las facturas o notificaciones, ha subrayado FNCB.
Para la FNCB esta norma "es contraria a la Constitución por discriminatoria, y a la Ley de Contratos del Sector Público al establecer requisitos adicionales de carácter idiomático".
Por ello, la entidad ha instado a la Abogacía del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, a denunciar esta norma "al igual que hizo la Delegación del Gobierno en el País Vasco hace tres años cuando recurrió, a través de la Abogacía, los acuerdos y normas similares a la del ayuntamiento de Palma aprobadas por los ayuntamientos vascos de Bildu".
Círculo Balear ha recordado que "existen dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de San Sebastián que anularon las normativas que imponían exigencias lingüísticas por limitar objetivamente la concurrencia en el proceso de licitación vulnerando el principio de libre concurrencia e igualdad de trato", por lo que "no se ajusta a derecho conforme a las causas de exclusión contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la normativa europea (Directivas 2004/18/CE y 2014/24/UE) que no contempla las cuestiones lingüísticas como causa de exclusión de un posible licitador".
Además, "la sentencia de 27 de julio de 2015 afirma que las comunidades y los entes locales carecen de competencia para poder establecer excepciones".
Así, el presidente de la FNCB, Jorge Campos, ha solicitado al secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Evelio Antich, que "siga el ejemplo del delegado vasco, Carlos Urquijo, para defender la libertad frente al sectarismo del gobierno de la capital balear."
"Tenemos un alcalde socialista, José Hila, al que le gusta situarse al margen de la ley, como ha pasado con el caso del monumento de Sa Feixina y que ahora es capaz de imitar las exigencias lingüísticas de los proetarras de Bildu", ha protestado Campos.
Paralelamente, Jorge Campos también ha animado a PP y a Ciudadanos a que insten formalmente el recurso de la Instrucción aprobada.
