Francesc Buils, de nuevo en el banquillo de la Audiencia por el 'caso Voltor'

PALMA DE MALLORCA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils (Unió Mallorquina) se sentará el jueves en el banquillo de los acusados acusado de delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración, por su presunta participación en el amaño de contratos del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) entre 2007 y 2009.

A la vista están citados también otros nueve acusados, por la pieza número 14 del 'caso Voltor', la última de la macrocausa.

A principios de octubre ya se celebró una vista previa al juicio por esta pieza, pero se decidió fijar una nueva vista tras no conseguir cerrar un acuerdo.

AMAÑO DE CONTRATOS EN EL INESTUR

Además de Buils, los principales encausados son el exdirector gerente del Inestur, Antonio Oliver, el jefe de área del IMET en Inestur, Antonio Rebassa, y la jefa del área de Citib, Luisa Tortella. También hay varios empresarios acusados.

La Fiscalía los acusa de haberse concertado para "beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos" a determinadas personas y sociedades, manipulando concursos para controlar a qué empresas se adjudicaban los contratos impidiendo "la libre licitación y celebración" de los procedimientos.

El 'modus operandi', según la Fiscalía, consistía en aportar a los expedientes de contratación pública presupuestos de otras empresas, pero que realmente no tenían interés en que se les adjudicara el contrato. El objetivo era dar la falsa apariencia de que había libre concurrencia, según la acusación pública.

De este modo, las empresas invitadas renunciaban a presentar oferta y el contrato se adjudicaba a empresas de la trama. La Fiscalía detalla 13 expedientes en los que se repitió este esquema.

Por esto, la Fiscalía pide para Buils y otros tres acusados una pena de cinco años de prisión. A los restantes les pide dos años y tres meses de cárcel.

Para los primeros pide inhabilitación por tiempo de 16 años (ocho por la malversación y ocho por la prevaricación). Para los otros seis pide una inhabilitación de cuatro años y seis meses por la malversación. El Ministerio Fiscal también piden indemnizaciones para la Hacienda autónoma balear por más de 900.000 euros.