PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha confirmado que el IB-Salut asumirá directamente el coste de las intervenciones para interrumpir voluntariamente el embarazo que se deriven a las clínicas privadas cuando el servicio público no pueda asumirlas por cuestiones de plazos.
Así lo ha afirmado Bosch en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que este viernes se ha celebrado en Felanitx, en referencia al cambio de postura que ha tomado el IB-Salut en este asunto.
Cabe recordar que el servicio público sanitario anunció que a partir de ahora ya no se mantendría el concierto que se alcanzó en la pasada legislatura con las clínicas privadas que realizan abortos. Hasta hora, las mujeres acudían a estos centros para interrumpir su embarazo y después era la propia clínica la que enviaba la factura al IB-Salut sin que la paciente tuviera que adelantar el pago de la intervención.
El IB-Salut consideró oportuno romper este concierto abierto con las clínicas privadas, por el cual desembolsaba alrededor de 1,3 millones de euros anuales, de modo que todas las mujeres que quisieran abortar por la vía pública deberán pasar ahora por el servicio público sanitario.
El director general del IB-Salut, Juan José Bestart, explicó en su momento que a partir de ahora todas las pacientes deberán acudir al servicio público, en el cual se tratará de atender al mayor número posible de mujeres.
No obstante, existe la posibilidad de que los hospitales de las islas no puedan asumir la totalidad de las intervenciones que hasta ahora hacían las clínicas privadas, por lo que se decidió que las personas que fueran derivadas al sector privado pagarían el coste de la intervención y, posteriormente, el IB-Salut les reembolsaría el dinero una vez presentaran la factura.
Bosch ha recalcado que el Govern ha seguido "estrictamente" lo establecido en la Ley salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, si bien ha reconocido que se creó cierta "duda" y "diferencias de interpretación" de la ley acerca de quien debía abonar en primer término el coste de la intervención.
Finalmente, ha explicado que, para evitar que las mujeres que serán derivadas al sector privado por cuestiones de plazos -la ley marca los plazos en los que puede abortarse- tengan que abonar el coste de la operación, el IB-Salut ha decidido que las clínicas privadas envíen le envíen directamente la factura. En cualquier caso, ha matizado que tan sólo se tratará de alrededor del 10% de los abortos que se practiquen, según sus estimaciones.
