PALMA DE MALLORCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de las pesquisas del caso Ibatur, ha citado a declarar en calidad de imputado al ex conseller de Economía Alejandro Forcades para el próximo 20 de junio, a raíz de los fondos públicos que percibió entre 2005 y 2007 de forma presuntamente irregular del Instituto Balear de Turismo. Junto a él también han sido emplazados los días 14, 15, 16 y 20 del mismo mes otros catorce encausados, la mayoría proveedores de la empresa pública durante la anterior legislatura del PP.
Así lo ha hecho constar el magistrado en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha dictado semanas después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a numerosos empresarios, entre ellos Forcades, haberse beneficiado de contratos adjudicados 'a dedo' al haber sido fraccionados en partidas menores de 12.000 euros para poder evitar concurrir a un concurso público, tal y como se desprende de las investigaciones practicadas.
En concreto, el día 14 han sido citados el promotor audiovisual y administrador de Ona Digital, Miguel Brunet, y las empresarias Magdalena Jaume, Catalina Sampol y Mercedes Estarellas; el 15 el profesional autónomo David Salvat, el empresario de CIAK Publicidad Konrad Tollokzo; la empresaria vitivinícola Lucía Gómez del Pulgar e Iván Marcos Terrasa; el 16 la presidenta de la Casa Balear en Berlín, Enriqueta Castelló, la administradora de Gráficas Planisi, Juana Planisi, el empresario gráfico José García y María José Losantos; y el día 20 José María Aldazabal, Antonio Mir y Alejandro Forcades.
Y es que, tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas. Todo ello evitando convocar concursos públicos y utilizando de forma presuntamente fraudulenta los procedimientos de contratación.
Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.
Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.
