PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 3 de Palma ha desestimado la demanda de los profesionales de informativos de IB3 por presunta cesión ilegal de trabajadores, un procedimiento con el que pretenden reclamar la internalización como empleados directos del ente.
Tras conocer la sentencia, desde el Comité de Empresa han anticipado que prevén recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
La sentencia llega días después de anunciar los trabajadores una nueva huelga para protestar contra los "abusos" de la contrata y reclamar la internalización.
El juicio se celebró el pasado noviembre y hay otros procedimientos similares en marcha. Los demandantes en este primer caso son nueve miembros del comité de empresa y la trabajadora de mayor antigüedad de IB3, que presentaron demandas individuales.
Tanto la anterior adjudicataria del contrato -Liquid Media- como el ente público se opusieron a la demanda. Desde el ente de radiotelevisión negaron que los trabajadores tengan "ningún tipo de dependencia orgánica ni funcional" respecto a IB3, según recoge la sentencia.
El contrato de Liquid Media con IB3 abarcaba los informativos de radio y televisión, los boletines horarios, las desconexiones de Pitiusas y Menorca y los programas 'Zoom', 'Illes i Pobles' y 'Meteo', así como la web de 'IB3 Notícies'. Los trabajadores demandantes son mayoritariamente redactores y cámaras, pero también hay otros perfiles como productores y realizadores.
Estos profesionales solicitan ser internalizados en IB3 "después de 15 años de subcontratas que han provocado una gran degradación de las condiciones laborales". El juicio llegó justo después de que Liquid Media perdiera la nueva licitación de los informativos ante Dalton Audiovisual (Grupo Lavinia).
Años antes un Juzgado catalán dio la razón a los trabajadores de la televisión municipal de Barcelona en un caso similar, y consideró que el régimen de contratas constituía un subterfugio de la sociedad municipal para evitar aplicar las condiciones laborales y salariales que corresponderían, una decisión que en 2016 confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
