El letrado sitúa el chat Sancus en "lo más oscuro de la crónica negra de Baleares"
PALMA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado Carlos Portalo, que ejerce una de las acusaciones contra los antiguos instructores del caso Cursach, ha acusado al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel Ángel Subirán y a los agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional de "haber matado carreras profesionales, expectativas, anhelos, proyectos de vida, ilusiones, familias y reputaciones" y de haber causado la muerte civil de muchas personas.
Ha sido en la sesión de este miércoles del juicio, que encara sus últimas sesiones con los informes de las acusaciones y las defensas.
Durante la exposición de su informe de conclusiones, durante una maratoniana de más de seis horas, el letrado ha calificado el llamado chat Sancus --las conversaciones del grupo de Whatsapp que tenían los investigadores y que quedaron fuera del procedimiento-- como "la mayor ignominia que ha escuchado nunca y que merece meterse en el baúl más oscuro de la crónica negra de Baleares".
Igual que otras acusaciones, el letrado ha considerado que estas conversaciones sí que deberían aceptarse como pruebas. "Es horripilante lo que ahí se decía. No existe ninguna razón técnica que pueda servir para que nos olvidemos de lo que reflejan esas conversaciones", ha añadido.
Dirigiéndose a los acusados, les ha dicho que ellos "tiene la suerte" de a través de sus representantes procesales poder plantear si sus derechos se han vulnerado o de si el procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías.
"Suerte que no tuvieron otras personas que tuvieron que desfilar por todas las diligencias de las que hemos venido hablando en este juicio oral", ha concluido.
Este miércoles, las acusaciones particulares han insistido en que la investigación estuvo plagada de irregularidades. Uno de los abogados ha afirmado, en este sentido, que al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán "el ordenamiento jurídico les da asco".
Todos los letrados de las acusaciones particulares se han adherido a las conclusiones definitivas presentadas este martes por el fiscal Tomás Herranz y han coincidido, a grandes rasgos, en que los investigadores del supuesto contrato amañado de la ORA tenían la documentación de un procedimiento que, además, había tenido lugar tres años, por lo que las detenciones y las prisiones no estaban justificadas.
Varios letrados han hecho hincapié en que las detenciones y prisiones durante la instrucción del caso ORA "tenían el fin predeterminado de investigar, detener y procesar a la cúpula del PP".
Sobre el delito de revelación de secretos, las acusaciones han apuntado a los investigadores como fuente de las filtraciones a la prensa, dado que eran los que tenían toda la información.
