Matas pide no comparecer ante el juez al afirmar que ya fue interrogado sobre la contratación de Antonio Alemany

PALMA DE MALLORCA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La defensa del ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha solicitado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que excuse la comparecencia del principal imputado de esta causa, prevista para este jueves, al alegar que ya se refirió "por extensión" al contrato menor sobre el que iba a ser interrogado, cuando hace un año ya fue inquirido en torno a su relación con el periodista Antonio Alemany y sus empresas.

Así lo ha hecho constar el abogado de Matas, Rafael Perera, en un escrito presentado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3, en el que asevera que la única nueva aportación que ahora pudiera hacer, si compareciese, es manifestar que, "a la sazón, como presidente del Govern estaba muy interesado en que se asociara a Baleares con los grandes acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, al igual que con cuantos eventos o iniciativas pudieran prestigiar a las islas".

Es de este modo como el letrado hace referencia al contrato menor de 11.550 euros que le fue adjudicado a su ex asesor externo, para la elaboración de entrevistas y reportajes de cara a su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un trabajo que, de acuerdo a las pesquisas, no fue finalmente realizado.

El escrito añade asimismo que "por economía procesal y para aligerar la sobrecarga de trabajo" que pesa sobre el Juzgado, "parece razonable obviar la referida comparecencia". Finalmente, recalca que Matas permanece, "como es su deber, a la plena disposición del Juzgado", al tiempo que renuncia al planteamiento de cualquier nulidad de actuaciones por considerar que no había sido interrogado sobre el anterior contrato.

Cabe recordar que el ex líder del PP en las islas había sido citado para el pasado lunes -y después fue aplazada su comparecencia a este jueves- después de que el magistrado dejase sin efecto el auto con el que ponía fin a la instrucción de la pieza relacionada con la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany como asesor externo, y que daba paso a Fiscalía y Abogacía de la Comunidad Autónoma para que formulasen escrito de acusación o pidiesen el sobreseimiento, paso previo a la apertura de juicio oral.

En concreto, esta decisión fue adoptada después de que la Fiscalía recurriese el auto dirigido a transformar las diligencias previas de la pieza número 2 del caso a procedimiento abreviado, al entender que Matas no había sido interrogado sobre este contrato menor, sobre el que hacía mención la resolución judicial que ha quedado sin efecto.

Cabe recordar que el auto dictado esta semana por Castro señalaba que el importe de 11.500 euros habría sido adjudicado a la empresa de Alemany Consultores de Información de Baleares, tras ser cursado por el entonces director general de Comunicación, Joan Martorell -también imputado-, advertido por Matas de que "a lo que el señor Alemany pida, no se le pongan pegas". Un contrato, proseguía, "de por sí carente de todo control" cuyo importe fue transferido a la cuenta corriente del periodista.

Todo ello a pesar de que, continuaba el instructor, "a día de hoy se desconoce de qué entrevistas y reportajes se trata ya que no existe la menor constancia de que el objeto del contrato se haya realizado, igual que se ignora en qué medios de la prensa deportiva nacional".

En una contundente resolución, el magistrado apuntaba a Matas como el impulsor de la contratación de Alemany, al que hacía referencia como su "asesor político en la sombra y fervoroso cronista de todas sus intervenciones", con el objetivo aparente de que asesorase al entonces jefe del Ejecutivo, al tiempo que lo señalaba como la persona que propuso adjudicar este contrato a la agencia de comunicación Nimbus -investigada por mediar en una financiación presuntamente irregular del PP-, a fin de simular la contratación directa de Alemany por 110.200 euros entre los años 2003 y 2005.

El auto aludía así a la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración. De forma paralela, la resolución hacía referencia a los 272.243 euros concedidos por el Govern aparentemente para la creación de la Agencia Balear de Noticias (ABN), perteneciente a Alemany, pese a que en realidad habrían sido invertidos en la creación de un digital -Libertad Balear- proclive a la acción del Govern.

La causa, dividida en 25 piezas, investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo Palma Arena (2005-2007) y su posible conexión con un enriquecimiento ilícito del ex presidente 'popular' así como con la supuesta financiación ilegal del PP.