PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El número de cooperativas existentes en Baleares se ha incrementado en un 7 por ciento en el último año, al pasar de 276 en 2019 a las 295 inscritas a finales de 2020.
Este es uno de los principales datos que se ha puesto de relieve en el marco del Consejo de la Economía social y del Cooperativismo, que se ha celebrado este miércoles bajo la dirección del director general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía social y circular.
El director general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular, Manuel Porras, ha resaltado el incremento tanto de cooperativas como microcooperativas en medio de las dificultades derivadas de la pandemia y ha resaltado el desarrollo de la Ley de Cooperativas como opción para emprender.
En la reunión, según han señalado desde la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, a la que han asistido representantes de las cooperativas de trabajo (UCTAIB), agrícolas (UCABAL) y de transporte (UCOTRAIB), de REAS, Cáritas y sindicatos, también se ha constatado que la Ley de microcooperativas de las Islas, aprobada por unanimidad ahora hace justo dos años, ha incorporado nuevas formas de organización del trabajo.
De este modo, si en el primer año desde la aprobación de la ley se registraron cuatro microcooperativas, en el 2020 la cifra ya se situó en 19, quintuplicando los resultados del año anterior.
En cuanto al resto de figuras de la economía social, (las empresas de inserción social y las sociedades laborales) el Consejo de Economía Social ha podido constatar también el mantenimiento de estas actividades, con 473 sociedades laborales y siete empresas de inserción.
Según han apuntado, el Govern mantiene el compromiso con la economía social, puesto que en los últimos años ha duplicado las aportaciones para el apoyo y mantenimiento de esta forma organizativa del trabajo. De 2018 a 2020, las aportaciones del Govern han pasado de 386.000 euros a 815.000.
HOJA DE RUTA PARA 2021
Por otro lado, el Consejo de Economía Social también se ha fijado para este año trabajar en una serie de modificaciones normativas, tanto para adaptarla a la nueva realidad surgida desde el inicio de la pandemia, como para actualizarse, en otros casos, puesto que la normativa vigente necesita incorporar nuevos elementos surgidos en los últimos años.
En concreto, se ha creado una comisión de trabajo en el seno del Consejo de Economía Social, para abordar una modificación y adaptación del Plan Director de la Economía Social y recoger aspectos que se han visto afectados por la irrupción de la COVID-19, y que han sido recogidos en el Plan de Reactivación, aprobado el pasado mes de julio. En esta misma línea, también se ha acordado revisar el Decreto de Empresas de Inserción, y adaptarlo a la nueva realidad.
Por otro lado, otra tarea será abordar una nueva redacción de la Ley de Cooperativas, para actualizar contenidos, puesto que el actual texto normativo fecha del 2003.
