PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament debatirá el próximo jueves, en el que previsiblemente será el último del actual periodo de sesiones, sobre el Código Ético acordado el pasado miércoles por los partidos que conforman el Pacte -PSIB, Bloc y UM- así como sobre el estado de la gobernabilidad en las islas a raíz de los últimos acontecimientos y la crisis institucional generados como consecuencia de los casos de presunta corrupción que afectan a varios miembros de Unió Mallorquina.
Durante el pleno, que arrancará a las 10.00 horas a excepción de que no hubiera finalizado aún el debate de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010, en cuyo caso la sesión comenzaría más tarde, el diputado del PP Antoni Pastor preguntará al Govern si puede asegurar que la firma del denominado Código Ético garantizará la estabilidad hasta finales de legislatura.
Cabe recordar que la iniciativa acordada por PSIB, Bloc y UM impedirá que cualquier imputado por un caso de corrupción pueda ser nombrado para un cargo público, mientras que también contempla que todo imputado que se enfrente a un juicio oral deberá abandonar su cargo en las instituciones o su escaño en el Parlament, en los Consells o en los Ayuntamientos, al igual que sucederá con todos aquellos sobre los que un juez haya decretado medidas cautelares.
Así, en función de este acuerdo, el conseller de Medio Ambiente, Miquel Ángel Grimalt, podrá ejercer su cargo mientras el juez no decrete contra él medidas cautelares o abra juicio oral por su imputación en una pieza separada del caso Son Oms conocida como Operación Maquillaje. En la misma situación se encuentra la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, encausada en el mismo procedimiento así como en el caso Can Domenge.
Además, con este pacto se impide que el ex conseller de Turismo Miquel Nadal pueda ejercer cualquier cargo público, aunque sí podrá continuar como portavoz y regidor de UM en el Ayuntamiento de Palma, mientras el juez no dicte medidas cautelares contra él o se decrete la apertura de juicio oral para ser juzgado por su presunta implicación en el caso Can Domenge y en la Operación Maquillaje.
De este modo, este código ético sólo afectaría, por el momento, al parlamentario del Grupo Mixto Bartomeu Vicens (ex portavoz de UM), quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros imputación en el caso Son Oms, que investiga las presuntas irregularidades en torno a la recalificación de este polígono industrial de Palma.
Por otro lado, el portavoz 'popular, Francesc Fiol, se dirigirá al presidente del Govern, Francesc Antich, para pedirle su valoración sobre los últimos acontecimientos que, a su parecer, "han puesto en duda" la gobernabilidad en las islas, como consecuencia de los casos de presunta corrupción que afectan a UM.
En otro orden de cosas, también Fiol preguntará al jefe del Ejecutivo la opinión que le merece que, por primera vez, se presenten unos Presupuestos "regresivos" en varias secciones presupuestarias de carácter social, después de hayan sido reducidos un 4,9 por ciento menos que 2009 debido a la crisis, lo que ha obligado a disminuir las cuentas públicas en todas las Consellerias.
Mientras tanto, el diputado del PP Cristóbal Huguet preguntará al Ejecutivo autonómico "si es cierto" que, para el Govern, el hecho de que la media de trabajadores de alta en la Seguridad Social el mes pasado fuese de 383.848 y que los inscritos en el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) en noviembre fuesen 89.952, "significa un cambio de tendencia del mercado laboral en las islas".
DEBATE DE DOS DECRETOS LEY
Ya en la segunda parte del pleno, los diputados procederán a la votación del Decreto ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, que aborda varias cuestiones consideradas de "urgente aplicación" y que permitirán la ejecución de inversiones públicas y privadas.
En concreto, el Decreto Ley, en caso de ser validado en el pleno, podrá entrar de inmediato en vigor tras su aprobación o los parlamentarios podrán votar que sea tramitada como proyecto de ley a fin de que puedan presentar enmiendas.
Entre otros aspectos, la normativa habilita al Consell de Ibiza para la redacción de un plan especial supramunicipal (Eivissa y Sant Antoni de Portamany) para la zona del antiguo recinto militar de sa Coma, que determinará y distribuirá los usos y equipamientos en este área. A través del plan especial, detalló que no harán falta modificaciones del Plan Territorial de Ibiza ni de las respectivas ordenaciones urbanísticas de los municipios afectados.
Asimismo, el Decreto Ley declara la utilidad pública a efectos expropiatorios y la ocupación urgente del Camino de s'Enclusa, en el municipio de Ferreries, que también se trata de un antiguo recinto militar, donde el Consell de Menorca tiene prevista la construcción de un centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera.
AMPLIACIÓN A CUATRO AÑOS LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
Por otro lado, también se llevará a cabo la votación sobre la validación o derogación del Decreto ley relativo al servicio público regular de viajeros por carretera de las islas y de determinadas disposiciones en materia urbanística. Así, en relación con el urbanismo permitirá ampliar a cuatro años la suspensión de licencias municipales, duplicando la duración inicial, mientras los Ayuntamientos tramitan su planeamiento urbanístico.
Cabe señalar que el régimen actual permite suspender hasta un máximo de 2 años, mientras que el decreto ley, sin embargo, alarga el plazo de suspensión hasta los 4 años, aunque sólo será posible esta ampliación si el Consistorio va superando las diferentes fases de tramitación del plan.
Al mismo tiempo, establece que las prórrogas de las concesiones actuales del transporte regular por carretera estarán condicionadas a un plan de mejoras de la concesión con lo cual se dará cumplimiento a la normativa europea actual. Además, regulará el procedimiento de solicitud de las prórrogas de las concesiones actuales; y que las prórrogas no son automáticas.
De este modo, están condicionadas a un plan de mejoras de la concesión (modernización de la flota, accesibilidad personas de movilidad reducida, calidad de servicio, mejoras en condiciones de servicio) y de lo contrario no se prorrogarán.
