IBIZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Sant Antoni ha interpuesto en dos meses 34 denuncias por la celebración de fiestas en viviendas particulares.
De ellas, 27 se han celebrado en julio y siete en junio y únicamente tres de las viviendas estaban registradas como estancias turísticas, siendo la mayoría domicilios particulares que no se destinan a fines turísticos.
Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad, en todas estas actuaciones los agentes han levantado acta por infracción a la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones por exceder el volumen de música permitido ocasionando molestias a los vecinos.
En tres de estas fiestas se ha podido demostrar que eran eventos ilegales con comercialización de entradas y los agentes han podido acceder con conformidad del promotor o inquilino de la vivienda comprobando que no se cumplían las medidas sanitarias y levantando la correspondiente acta Covid-19.
En estos casos, también se han interpuesto denuncias por infracción de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares por no disponer de la autorización municipal para una actividad no permanente.
Los agentes además han procedido a intervenir los equipos de música utilizados en estas fiestas. De las personas denunciadas, tres eran residentes y 30 de nacionalidad extranjera.
Según ha señalado el Consistorio, las actuaciones se están realizando mediante la colaboración ciudadana, puesto que los vecinos dan aviso cuando detectan una fiesta cercana a sus viviendas, y por el trabajo de rastreo de la nueva Unidad de Análisis de Riesgo de la Policía Local que vigila las redes sociales para detectar la celebración de fiestas ilegales, lo que permite localizarlas o desactivarlas antes de que se celebren, así como dar traslado de información a otras fuerzas y cuerpos de seguridad o a municipios vecinos.
Desde la Concejalía de Gobernación han destacado el trabajo que están realizando los agentes de la Policía Local tras la proliferación de fiestas ilegales en la Isla y han solicitado al Govern balear más recursos y ayuda legal para controlar el incremento de la actividad ilegal detectada.
