La Fiscalía pide ocho años de prisión por un delito de trata de seres humanos y de prostitución coactiva, entre otros
PALMA DE MALLORCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado este martes la retirada del pasaporte a una mujer que está acusada de obligar a otra a prostituirse en Inca desde finales de octubre de 2016 hasta enero de 2017. También deberá comparecer cada lunes ante esta sala hasta el momento del juicio, que está previsto que se celebre el próximo 16 de enero a partir de las 10.00 horas
La Audiencia lo ha decidido así en una vista previa de este juicio contra una mujer, de 36 años y nacionalidad nigeriana, por un delito de trata de seres humanos, tras captar, trasladar y explotar sexualmente a otra joven de Nigeria, de 25 años, a quien le prometió, para captarla, que trabajaría en España como camarera.
En su escrito, el Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión. Considera que la acusada, sin antecedentes y en situación regular en España, organizó el traslado desde Nigeria de la víctima, acuciada por una precaria situación económica. Le habría ofrecido la falsa posibilidad de venir a España para trabajar como camarera.
Una vez que la víctima aceptó el traslado para trabajar como camarera, cuando llegó a Mallorca, la acusada le informó de que había contraído con ella una deuda de 25.000 euros que debía pagar ejerciendo la prostitución en la localidad de Inca.
También según el relato del fiscal, la perjudicada, que se encontraba en situación precaria y sin conocer el castellano o el catalán, se vio obligada a acceder a ejercer la prostitución desde finales de octubre de 2016 hasta enero de 2017.
Fue un cliente quien informó al Cuerpo Nacional de Policía la situación de la víctima. Durante esos meses, la perjudicada estaba acompañada por la acusada en todos su desplazamientos.
Asimismo, la víctima debía entregarle la totalidad de lo recaudado de su trabajo, unos 1.800 euros según el escrito, a la acusada. Además, se constata que la mujer sufrió, en tres ocasiones, agresiones físicas por parte de la acusada.
Según considera la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de trata de seres humanos, un delito de prostitución coactiva y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que pide a la acusada una pena de ocho años de prisión y la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, así como una indemnización.
