Santa Eulria estudia sanciones de hasta 350.000 euros a propietarios de viviendas habitadas sin licencias

IBIZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulria procederá a incoar varios expedientes sancionadores, que podrían suponer multas de hasta 350.000 euros, contra propietarios de diferentes casas que están siendo habitadas sin tener el título urbanístico preceptivo y sobre las cuales se habían formulado distintas denuncias.

Los responsables de las viviendas se enfrentarán a sanciones por un importe que oscilará entre el 25 y el 50 por ciento del presupuesto de ejecución material, lo que en dos de las viviendas podría suponer sanciones por un importe de hasta 350.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

El departamento de Infracciones del Ayuntamiento de Santa Eulria des Riu, en su sección de disciplina urbanística, realiza visitas de oficio a las obras de nueva realización y reformas, pero también ejecuta inspecciones cuando median denuncias de particulares. Desde finales de junio se han registrado varias denuncias de particulares referentes a viviendas situadas en el Barrio de Can Ramon, en Es Cap Martinet y en la Urbanización Can Furnet.

En todos los casos se apuntaba a las molestias constantes por ruidos por parte de los ocupantes. Si bien dichas molestias no han podido ser constatadas en el momento de la visita, sí que se observó que las viviendas estaban siendo habitadas sin contar con los permisos básicos necesarios, como el certificado de final de obra y licencia de primera ocupación.

Según ha explicado el Consistorio, en todos los casos se trató de realizar una inspección en las casas, pero sus ocupantes no facilitaron el paso a los técnicos municipales, una obstaculización de la actividad inspectora municipal que se tendrá en cuenta a la hora de fijar la cuantía de las multas.

Dichas sanciones, de momento, ya supondrán entre un 25 y un 50 por ciento del presupuesto de ejecución material de las viviendas, el cual en dos de los casos ronda los 700.000 euros, por lo que el importe de la sanción a imponer oscilaría entre los 175.000 y los 350.000 euros.

En caso de reiterarse la obstrucción a los inspectores, ello comportará una solicitud de entrada en domicilio ante los juzgados de lo contencioso administrativo.