PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Asociaciones y Centros de Asistencia de Minusválidos de Baleares (UNAC) denunció hoy que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca, aún no ha abonado las facturas por los conciertos correspondientes a los meses de marzo y abril de 2008 que, en total, ascienden a un millón de euros, y sobre los que la Institución Insular arguye que "no hay dinero".
Así lo explicaron en rueda de prensa el presidente de la UNAC, Manuel Zafra, el vicepresidente de la entidad, Miquel Caimari, y el director de la misma, Juan Perera, en la que dieron a conocer los problemas financieros que padece la entidad que engloba a 30 asociaciones en las Islas, con más de 3.500 personas discapacidades del archipiélago.
En este sentido, Perera explicó que la asociación depende de "demasiados organismos", cada uno de los cuales cuenta con sus competencias y atribuciones, que "se pasan la pelota de unos a otros", y en consecuencia no se "resuelven los problemas que padecemos".
Así Perera afirmó que lo que piden desde la organización es la creación de una "ventanilla única" a la cual poder acudir, e intentar buscar soluciones, para que no se vuelvan a repetir estos problemas, ya que "llevamos nueve meses reclamando los pagos a tiempo".
Asimismo, Perera explicó que en esta situación "nos vemos obligados" a pedir créditos a entidades bancarias para poder sufragar estos pagos, cosa que creen es "absurda e injusta". En este sentido, tanto Perera como Caimari y Zafra explicaron que no buscan conflictos "sino soluciones".
Aclaró que estos problemas proceden de gobiernos anteriores pero puntualizó que hay que pedir soluciones a quienes actualmente son competentes, como son el Govern y el Consell de Mallorca.
Asimismo, afirmó que "en ningún caso" se trata de un acto político, sino más bien informar sobre la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad de las islas, a la vez que sus familias.
MÁS PROBLEMAS QUE AFECTAN ADISCAPACITADOS
Por otro lado, Perera desgranó otros problemas que afectan de forma importante a los discapacitados de las islas, como la falta de accesibilidad que padecen las personas con movilidad reducida. Ayer, 4 de mayo, finalizó el plazo que concedía la Ley para la mejora de la accesibilidad en espacios y edificios de uso público, así como en medios de transporte público de pasajeros.
Por otra parte, en cuanto a la Ley de Dependencia, Baleares está a la cola en cuanto al desarrollo y la aplicación de la misma, por lo que añadió que se han hecho "pocas valoraciones" y que, además, "pocas personas" tienen hecho el Plan Individual de Atención (PIA), o conocen las prestaciones a las que tienen derecho.
Otro de los puntos que centró la intervención del director de la entidad fue el centro para grandes discapacitados 'Joan Crespí', que fue inaugurado hace más de un año, y "aún se desconoce" qué entidad asumirá la dirección técnica del mismo. Al mismo tiempo, afirmó que las asociaciones de sordos están "discriminadas", pues reveló que "sólo una" tiene un concierto excepcional con la dirección general de la dependencia.
El transporte también fue objeto de discusión por parte del director de la UNAC, quien lamentó que "sigue siendo un grave problema que queda por resolver", y manifestó que desde las consellerias de Educación, Sanidad y Servicios sociales se desarrolle un Plan Insular de transporte adaptado a personas con discapacidad.
En este sentido, Perera pronosticó que este plan "mejoraría sensiblemente" el servicio, reduciría el tiempo de permanencia, de los usuarios, en el autobús. Asimismo informó que una persona con discapacidad, "debe pagarse el transporte público", mientras explicó que una persona "sin discapacidad", recibe una ayuda por parte de la Conselleria.
También expresó su convicción de que "deben revisarse y actualizarse" los conciertos de plazas, explicando que los módulos y los precios de los mismos son "insuficientes", a lo que añadió que desean, desde la UNAC, que a las personas con discapacidad se les de una mayor transparencia e igualdad de oportunidades en la gestión.
Por otro lado, el director de la institució aportó datos sobre los salarios, los que calificó de "injustos" pues afirmó que existe un agrario comparativo salarial que "no tiene justificación" entre los profesionales que trabajan en educación y quienes lo hacen en Servicios Sociales".
