PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Unión Sindical Obrera (USO) ha acusado a CCOO, UGT y la CAEB de haberse repartido entre ellos los 800.000 euros que corresponden a Baleares procedentes de las ayudas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL), mientras han denegado a este sindicato su solicitud de subvención a pesar de contar con el 10,2% de representatividad en las islas.
Según ha detallado USO en un comunicado, el Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales está formado por las administraciones central y autonómica, así como por CCOO, UGT y la CAEB.
El Patronato aprobó recientemente la asignación de recursos para las acciones realizadas en 2011, proceso en el que ha denegado "sistemáticamente" el proyecto para las ayudas territoriales que USO ha presentado en Baleares y ha asignado los recursos "exclusivamente a los miembros de la parte social de su Patronato", ha criticado USO.
USO-Illes Balears ha afirmado que la concesión de estas acciones se ha realizado "hasta el límite de la dotación presupuestada", es decir, "que las organizaciones solicitantes y a su vez miembros del Patronato, que son juez y parte en todo el proceso, han afinado la cuantía de sus proyectos al céntimo hasta llegar a la cantidad límite presupuestada".
Así, ha apuntado que CCOO y UGT se han repartido en Baleares 200.000 euros cada uno, al tiempo que los empresarios otros 400.000 euros. Por otra parte, desde el Patronato han alegado que no se dispone de más recursos para excluir a USO del reparto de ayudas, han señalado desde este sindicato. Por ello, USO ha anunciado que demandará ante los tribunales el "reparto previo" de las Ayudas a la PRL.
USO ha considerado que la "gravedad" de estos hechos aumenta, si se tiene en cuenta que estos fondos públicos se destinan a un ámbito como es el de la seguridad y la salud laboral. "Asunto que afecta a la totalidad de los trabajadores, con total independencia de la afiliación a un sindicato u otro, y que debe ser una materia abierta en la que exista la mayor participación posible y consensuada de todos los agentes afectados", han subrayado desde el sindicato.
El sindicato ha exigido al Gobierno central y al autonómico que "actúen en consecuencia" y que "fiscalicen y velen" porque los fondos públicos destinados a la seguridad y salud laboral y gestionados por la FPRL se distribuyan "realmente bajo los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación".
Asimismo, ha pedido que la Fundación cumpla su finalidad de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, "dejando de ser y actuar como una entidad privada".
