Los vecinos del Don Pepe se plantean demandar al Ayuntamiento de Sant Josep por responsabilidad patrimonial

IBIZA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del edificio Don Pepe serán desalojados este lunes de sus viviendas y han anunciado que se plantean demandar al Ayuntamiento de Sant Josep por responsabilidad patrimonial de la Administración debido al mal funcionamiento de los Servicios Públicos.

En un comunicado, han asegurado que el Consistorio ha estado cobrando impuestos municipales y no ha avisado a través del Registro de la Propiedad sobre irregularidades respecto al edificio.

Según han añadido, las 60 familias afectadas "sienten que están siendo objeto de un proceso injusto, arbitrario y plagado de irregularidades", "algo que puede extenderse y pasarle a cualquier vecino de la Isla", advierten.

Asimismo, los vecinos han recordado que este lunes está previsto el desalojo "por las buenas o por las malas" de los vecinos de tres escaleras de uno de los edificios, 72 adultos y varios niños y mascotas.

Según han explicado también, el Ayuntamiento de Sant Josep les ha ofrecido 1.976.000 euros para adquirir el inmueble y derribar posteriormente el edificio debido a sus problemas estructurales.

Los vecinos han lamentado que esa cuantía implica unos 20.000 euros por vivienda, cuando sobre muchas de ellas pesan hipotecas de más de 80.000 euros puesto que fueron adquiridas recientemente sin que el Ayuntamiento advirtiera de que el edificio estaba en una zona protegida o que carecía de licencia, uno de los motivos por los que "el Consistorio ha mostrado nulo interés en solucionar el problema".

Los vecinos sostienen que existen fórmulas legales por el interés social del caso que lo permitirían, tal y como señaló el Consell y distintos grupos políticos, que ven factible una solución definitiva e inmediata al problema.

El edificio se levantó con un expediente de solicitud de licencia fechado en 1964, cuya resolución no se encuentra en la actualidad, según han añadido.

También han destacado que el informe técnico encargado por el Ayuntamiento, y en el que se apoya para derribar el edificio, presenta "importantes" contradicciones, según los vecinos, respecto a los informes encargados a empresas especializadas.

Los vecinos mantienen que el hecho de que se declare en ruina no implica la demolición del bloque, y que se podría emprender una reforma y solución de las deficiencias arquitectónicas. En este sentido, han recalcado que llevaban años pidiendo una licencia para rehabilitar.