BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Interior de la Unión Europea han acordado este viernes que el mecanismo que permite suspender en casos de abuso la exención de visados concedida a un país tercero debe ser "reforzado", para agilizar su activación y ampliar los motivos por los que puede ser invocado, una reivindicación de varios Estados miembros antes de decidir sobre el fin de esta obligación para países como Turquía y Ucrania.
"Si queremos asegurar Schengen, no se puede permitir la liberalización de visados sin precauciones, sin un calendario controlado y en las condiciones de precipitación como las que se nos quería imponer", ha declarado al término de la reunión el ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve.
Cazeneuve también ha querido dejar claro que París no aceptará liberar a los ciudadanos turcos de la exigencia de visados de corta duración (90 días), mientras Ankara no cumpla con "todos" los 72 criterios fijados por la 'hoja de ruta'.
"Y aunque esos criterios se den, si se incumplieran en un momento u otro, existirá la posibilidad de corregir el dispositivo", ha advertido el ministro galo, para quien es precipitado examinar en bloque --como pretende Bruselas-- los casos de Ucrania, Kosovo, Georgia y Turquía, que juntos suman más de 125 millones de habitantes.
Alemania y Francia exigieron salvaguardas más estrictas para este mecanismo como condición previa a examinar la exención de visados prometida por los líderes europeos a Turquía antes de que acabe junio, a cambio de que este país frenara el paso de refugiados.
Las condiciones para reforzar el mecanismo acordadas por los Veintiocho deben ser aún negociadas con el Parlamento Europeo para ser efectivas, y pasan por acortar los periodos de referencia y plazos de aplicación para dar más margen a los Estados miembros.
"La liberalización de visados tienen grandes ventajas para la UE y los países terceros, pero aún necesitamos un 'freno de emergencia' para todos los países libres de esta obligación, para asegurar que no habrá abusos", ha indicado el ministro de Inmigración holandés y presidente de turno de la UE, Klaas Dijhoff.
Con los cambios promovidos por los Estados miembros la suspensión de la exención ante abusos o una presión excesiva de entrada será "más fácil y ágil", porque permite a la Comisión Europea dar el primer paso para activarlo y porque contempla activar el mecanismo si el país extracomunitario deja de aceptar el retorno de inmigrantes irregulares de terceros países o si se produce un flujo de nacionales de ese país que no abandonan la UE cuando expira su permiso de estancia.
También introduce cambios como reducir de seis a dos meses el periodo sometido a examen para valorar la situación y se prevé un mecanismo de supervisión para comprobar que los países terceros siguen cumpliendo con las exigencias una vez que obtienen la exención.
La herramienta es un seguro "mucho más fuerte y rápido", ha celebrado el ministro holandés, quien ha indicado que los Estados miembros han reiterado su disposición a liberalizar los visados a los países que cumplan a tiempo, pero dejando claro que sólo lo harán si demuestran "previamente" ese cumplimiento.
CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS
El fin de la exigencia de visados de corta duración levanta aún ciertas reservas en varios Estados miembros por diversas razones, desde Bélgica que rechaza de plano dar esta ventaja a ninguno de los cuatro candidatos hasta España, que no reconoce a Kosovo como país.
En cualquier caso, la decisión final sobre cada uno de los cuatro países que cuentan con opiniones favorables de Bruselas se tomará por mayoría cualificada de los Estados miembros, y requerirá después el visto bueno del Parlamento Europeo.
El comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, por su parte, ha valorado el refuerzo de las salvaguardas porque da mayor flexibilidad a los gobiernos europeos, pero asegurando "proporcionalidad" en las decisiones.
También ha reiterado el apoyo del Ejecutivo comunitario a Ankara y ha aplaudido los esfuerzos de Turquía para cubrir los 72 criterios que se le exigen a este país, del que Avramopoulos ha dicho que es un socio "clave" para la UE.
TURQUÍA, PAÍS SEGURO
Los ministros de Interior han mostrado, además, su "apoyo político" a Grecia en su decisión de considerar Turquía como un país tercero "seguro" para el retorno de inmigrantes irregulares, un estatus sin el que no sería posible deportar a Turquía a los miles de inmigrantes y refugiados que llegan a las islas griegas.
De hecho celebran el análisis de Bruselas que establece que el Gobierno turco ha tomado "todas las medidas necesarias" para ser considerado como tal país seguro e invitan a Grecia a "ofrecer nuevas directrices legales" a sus servicios de asilo y a la agencia europea de apoyo al asilo (EASO).
Ello responde, sin mencionarlo expresamente, a la decisión de la comisión de apelación del Servicio de Asilo heleno de admitir el recurso de un sirio cuya petición de asilo fue rechazada, al concluir que Turquía no es un país seguro.
