Los servicios médicos disponibles en las prisiones del Irán son extremadamente limitados y totalmente inadecuados, según AI
MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha acusado a funcionarios iraníes de cometer violaciones del derecho a la vida al negar "deliberadamente" a los presos en las cárceles iraníes atención médica vital y ha señalado a las autoridades por negarse a investigar y garantizar la rendición de cuentas por muertes "injustas" bajo custodia.
En concreto, el informe detalla las circunstancias que rodearon la muerte bajo custodia de 92 hombres y cuatro mujeres en 30 prisiones en 18 provincias de Irán desde 2010, siendo la prisión en Urumieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, la más gravemente afectada, con 22 de las muertes bajo custodia registradas.
Estas instalaciones albergan a las minorías kurdas y turcas azerbaiyanas de Irán. Así, la segunda en el 'ránking' es la prisión de Zahedan, ciudad iraní y capital de la provincia de Sistán y Baluchistán, con 13 presos fallecidos.
Amnistía Internacional ha resaltado en su informe que, en la mayoría de los casos, los reclusos que murieron eran jóvenes o de mediana edad --23 tenían entre 19 y 39 años--, lo que, según la organización, genera "más preocupación de que las vidas se están truncando por la denegación de atención médica".
Además, la mayoría de las muertes registradas --al menos 65 personas-- se produjeron en los últimos cinco años, es decir, desde enero de 2017. "(Esto) sirve como un indicador alarmante de que graves violaciones al derecho a la vida y la salud en las prisiones de Irán continúan sin disminuir y se ven facilitadas por el clima de impunidad prevaleciente", ha dicho.
Otro de los datos alarmantes es que al menos 20 de estos casos eran de carácter político, mientras que el resto habrían sido condenados o acusados por delitos comunes. En este sentido, AI subraya que, más allá de estos 96 casos, la cifra de presos muertos bajo custodia podría ser mayor.
ATENCIÓN SANITARIA
De acuerdo con las Regulaciones de Prisiones de Irán, solo se requiere la presencia de un solo médico general las 24 horas del día para las instalaciones penitenciarias que albergan a más de 3.000 reclusos.
"Las instalaciones más pequeñas cuentan con un personal aún menos adecuado, y los reclusos en instalaciones que albergan a menos de 500 personas se ven obligados a depender de enfermeras o asistentes médicos, con conocimientos médicos limitados, para sus necesidades de salud", ha señalado Amnistía Internacional.
Por ello, los reclusos con emergencias médicas deben ser trasladados de inmediato a instalaciones médicas externas. Según distintas informaciones de organizaciones de Derechos Humanos, en al menos el 70 por ciento de los casos el preso murió en prisión.
Además, al menos 17 reclusos murieron en sus celdas, lo que significa que no recibieron supervisión médica básica en sus últimas horas, mientras que otros 16 presos murieron recluidos en clínicas penitenciarias mal equipadas y mal atendidas.
La ONG ha relatado que al menos seis reclusos gravemente enfermos fueron trasladados a confinamiento solitario, pabellones de castigo o secciones de cuarentena. Además, cuatro de ellos murieron solos en prisión, mientras que los dos restantes finalmente fueron autorizados para ser trasladados a un hospital, pero resultó demasiado tarde y murieron durante el traslado o poco después de la hospitalización.
La ONG también ha denunciado que, en muchos casos, tanto el personal médico como el penitenciario de la prisión acusaron a personas presas que sufrían emergencias médicas de "fingir" o "exagerar" sus síntomas.
Por ejemplo, en la prisión principal de Zahedán, a Nader Alizehi, que murió en 2017 a los 22 años lo acusaron de "fingir" su enfermedad. En concreto, Alizehi tenía una enfermedad cardíaca. El personal de la enfermería lo devolvió a su celda con medicación gastrointestinal.
INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
Según ha denunciado AI, las autoridades iraníes se han negado "sistemáticamente" a realizar investigaciones independientes y transparentes sobre los casos de muerte bajo custodia, a pesar de "informes creíbles de acciones ilegales, incluida la denegación deliberada de atención médica".
De hecho, en el caso de al menos 14 presos, las autoridades negaron, ya sea en declaraciones públicas o directamente a familiares, los informes de grupos de Derechos Humanos sobre la falta de atención médica. En su lugar, culparon de las muertes a las enfermedades de los presos.
Por ejemplo, el jefe de la Judicatura de Irán, Gholam Hossein Mohseni, aseguró en rueda de prensa tras la muerte de Behnam Mahjoubi, un caso que generó controversia en el país, que las prisiones "tienen sus propias limitaciones".
"Nuestros prisioneros, en comparación con los prisioneros de todo el mundo, tienen mejores condiciones, de diversas maneras, y los gastos realizados para la atención médica, particularmente en relación con Covid-19, son muy altos y considerables", dijo.
Algo parecido, según ha denunciado AI, sucedió tras la muerte bajo custodia del escritor Mehdi Kazemi, conocido públicamente como Baktash Abtin. Así, el secretario general del Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán, Kazem Gharib Abadi, aseguró que "pocos países realmente proporcionan los servicios que ofrecemos en Irán a los presos". "Nadie toleraría el maltrato de un preso", agregó.
DEMANDAS DE LAS ORGANIZACIONES DE DDHH
De esta manera, en un informe de casi 80 páginas, Amnistía Internacional concluye que los servicios médicos disponibles en las prisiones del Irán son extremadamente limitados y totalmente inadecuados para satisfacer las necesidades de los presos en estado crítico.
Por ello, ha pedido la modificación de las leyes y reglamentos iraníes, incluyendo los artículos 8(h) y 137 del Reglamento de Prisiones, así como asegurar que la atención de salud sea proporcionada por personal médico calificado.
Asimismo, ha demandado a las autoridades iraníes que enjuicien a los sospechosos que han ayudado o instigado la comisión de actos ilícitos durante la detención, causando o contribuyendo a la muerte de los detenidos, así como de los superiores que sabían o deberían haber sabido que un subordinado estaba cometiendo.
Finalmente, ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para recopilar, analizar y preservar pruebas de los crímenes más graves de Derecho Internacional cometidos en Irán para facilitar procedimientos penales justos en el futuro.
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