MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha pedido este jueves justicia para las trece víctimas mortales de la violencia policial que hace un año reprimió las protestas que se desataron en la capital, y otras ciudades de Colombia, por la muerte de Javier Ordóñez, a manos de dos agentes.
Cuando se cumple el primer aniversario de lo ocurrido, López ha recordado los hechos como "la mayor tragedia y violación de los Derechos Humanos" cometida por la Policía contra los ciudadanos en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia", en referencia al asalto de la extinta guerrilla Movimiento 19 de abril a la sede del Poder Judicial en 1985.
López ha lamentado el escaso avance de las investigaciones, pues de los diez asesinatos que se cometieron en Bogotá, solo en cuatro casos se ha imputado a los posibles responsables, quienes no han sido apartados de la Policía. "Gozan de libertad y trabajo", ha lamentado en comunicado.
"Las familias no sólo se sienten abandonadas sino humilladas y varias han denunciado hostigamientos y amenazas", ha denunciado López, quien ha cuestionado la decisión de la Fiscalía y de los jueces de no considerar a estos agentes imputados como "un peligro para la sociedad".
"Pasado un año el dolor es peor. Para las familias no ha habido perdón ni justicia, y para la juventud y la sociedad no ha habido reforma estructural de la Policía Nacional. Ninguno de los casos de los 300 heridos tiene al menos un identificado, menos un imputado", ha denunciado.
"El Gobierno Nacional todavía está a tiempo para liderar esa reforma, honrar la memoria de las víctimas, y garantizar verdad, justicia y reparación a las familias", ha dicho la alcaldesa, quien si bien ha matizado que "la mayoría" de quienes integran la Policía "son gente trabajadora y entregada al servicio", quienes cometen abusos "minan la credibilidad de toda la institución".
López ha denunciado que a pesar de "las cientos de imágenes y horas de grabación que demostraban toda suerte de arbitrariedades y el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía", que se entregaron tanto al presidente, Iván Duque, como al resto de autoridades, las investigaciones siguen sin llevarse a cabo.
Por ello, ha enviado nuevamente una carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y, a la procuradora, Margarita Cabello, para que den prioridad, ha dicho, a estas investigaciones para que los familiares de las víctimas puedan obtener "verdad y justicia". A su vez, también ha pedido la misma diligencia para resolver los casos de las muertes de otras cinco personas durante la huelga general que tuvo lugar a principios de 2020.
Hace ahora un año, el 9 de septiembre de 2020, el abogado Javier Ordóñez, murió en dependencias policiales, después de haber sido golpeado y torturado por dos agentes. Los implicados fueron destituidos e inhabilitados durante veinte años. Uno de ellos fue condenado en abril a 20 años de prisión tras declarase culpable de homicidio y torturas, mientras que el otro está a la espera de juicio.
La muerte de Ordóñez generó una ola de indignación en las principales ciudades del país, en especial en Bogotá, donde se produjeron violentas revueltas, que dejaron más de 300 heridos y trece muertos. Las pruebas de que los agentes emplearon fuego real y violencia discriminada contra los manifestantes puso nuevamente sobre la mesa una reforma de la Policía, altamente militarizada y bajo continuas sospechas por violaciones de los Derechos Humanos.
