MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha declarado ante la Fiscalía que los decretos que avalaron la compra del material antidisturbios que ahora se investiga por haberse efectuado presuntamente con sobrecoste se firmaron por la "vía rápida" a petición de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.
Áñez ha prestado su declaración ante la Fiscalía desde la cárcel de Miraflores, donde se encuentra presa desde marzo acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019, en la investigación del conocido como Caso gases lacrimógenos.
El caso tiene como principales acusados a Murillo --detenido en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, delitos presuntamente cometidos en el marco del caso que se investiga-- y López.
De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares (cerca de 4,6 millones de euros), aunque el precio real supondría 3,3 millones (casi 2,7 millones de euros).
Áñez ha justificado la firma de los decretos por la "vía rápida" debido a la conflictividad social que se vivía en Bolivia en aquel momento, con protestas y manifestaciones derivadas de la crisis política generada tras las elecciones de 2019, en las que el expresidente Evo Morales se declaró vencedor pero la oposición denunció un "fraude". "Fue por la vía rápida porque estábamos en momentos de urgencia debido a los conflictos sociales", ha señalado, según ha recogido 'La Razón'.
Por otro lado, la expresidenta boliviana ha afirmado que el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sugirió el nombre de Fernando López para encabezar el Ministerio de Defensa. Camacho lideró las protestas de 2019 que derivaron en la dimisión de Morales. "Él fue sugerido por Luis Fernando Camacho", ha zanjado Áñez, ha informado Unitel.
Camacho es el principal acusado en la denuncia por "terrorismo" y "golpe de Estado" presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra dirigentes políticos y mandos militares considerados "clave" en la salida de Morales.
La Fiscalía tiene previsto recibir las declaraciones de todos los ministros del gobierno de Áñez por haber firmado los tres decretos que dieron vía libre a la compra del material en cuestión. Hasta el momento, han declarado la exmandataria y el exministro de Obras Públicas Iván Arias.
ACUSACIONES CONTRA LÓPEZ
Por otra parte, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, ha acusado a López y a varios de sus colaboradores de impagos en el ministerio por valor de unos 49 millones de bolivianos (más de 5,8 millones de euros) por la compra de bienes, alquileres y transporte que presuntamente se efectuaron sin contrato legal.
"No siguieron el procedimiento establecido", ha revelado Calvimontes, que ha avanzado la apertura de una investigación judicial por estas deudas, según ha recogido la agencia de noticias ABI.
"A partir de ahora dejo que sea la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir", ha señalado, antes de incidir en que sobre López pesan las acusaciones de incumplimiento de deberes, malversación de fondos y afectación de los intereses del Estado. El paradero de López no está confirmado, aunque las autoridades bolivianas sospechan que se encuentra en Brasil.
