La jefa de Derechos Humanos de la ONU teme que la vida de la abogada Nasrin Sotudé "esté en peligro"
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su "honda preocupación" por la situación en que se encuentran activistas, defensores de Derechos Humanos y presos políticos en las cárceles de Irán y ha denunciado que las medidas encaminadas a contener la propagación del virus "han sido usadas de manera discriminatoria contra este grupo específico de prisioneros".
La Justicia iraní emitió en febrero de 2020 directivas para agilizar excarcelaciones temporales y reducir así la presión de un sistema penitenciario que adolece de hacinamiento crónico y condiciones higiénicas "precarias", en opinión de la oficina de Bachelet.
Unos 120.000 presos se habrían beneficiado de estas excarcelaciones, pero los planes parecen ahora suspendidos y un gran número de reclusos habrían vuelto a prisión. Además, estas iniciativas han dejado fuera a las personas condenadas a más de cinco años de prisión por delitos contra la seguridad nacional.
Esta excepción deja fuera a personas que pueden haber sido detenidas de forma arbitraria y a aquellas privadas de libertad por expresar sus opiniones o ejercer algún tipo derechos, lo que les deja por tanto expuestas a un riesgo mayor de contraer coronavirus.
Bachelet ha subrayado que "los Estados son responsables del bienestar, así como de la salud física y mental, de todas las personas bajo su cuidado, incluyendo aquellos que están privados de libertad". Irán supera los 475.000 casos de coronavirus y es el país más afectado por la pandemia en Oriente Próximo.
La expresidenta chilena ha afirmado que las personas detenidas por expresar ideas políticas o hacer activismo no deberían entrar en prisión "en ninguna circunstancia" y que en ningún caso podrían ser tratados "con mayor severidad" o quedar expuestos a "un mayor riesgo" que otros reos.
"Resulta descorazonador observar el uso del sistema de justicia penal como una herramienta para silenciar a la sociedad civil. Manifestar las discrepancias no es un delito. Es un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido", ha insistido.
EL CASO DE NASRIN SOTUDÉ
La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha puesto como ejemplo el caso de la abogada Nasrin Sotudé, condenada a más de 30 años de prisión por delitos relacionados con su defensa de los Derechos Humanos. La activista ha iniciado dos huelgas de hambre, la última de ellas concluida recientemente tras casi 50 días por problemas de salud.
"Me preocupa mucho que la vida de Nasrin Sotudé esté en peligro", ha advertido Bachelet, antes de exigir su liberación "inmediata" y la posibilidad de que se recupere en casa con el médico que ella elija.
"Durante todos estos años, ella ha sido una tenaz y valiente defensora de los derechos de sus compatriotas iraníes y ya es hora de que el Gobierno cese las violaciones de sus propios derechos en respuesta a los esfuerzos que ella ha realizado en nombre de otros", ha sentenciado.
