NAIROBI, 16 Dic. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Burundi ha rechazado las críticas a sus fuerzas de seguridad y ha asegurado que actuaron de forma profesional ante los ataques contra bases militares registrados el viernes en Buyumbura, por lo que ha subrayado que no es necesario fuerzas de paz para controlar la situación.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha considerado enviar fuerzas de paz para mitigar la crisis de seguridad en Burundi, que enfrenta a los partidarios del presidente del país, Pierre Nkurunziza, con los opositores reacios a aceptar su tercer mandato como presidente.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, informó en noviembre al Consejo de Seguridad de que Burundi estaba al borde de una guerra pero consideró que no había una necesidad inmediata de desplegar fuerzas de paz de la ONU, por lo que abogó por estudiar otras opciones.
Tras los ataques perpetrados la semana pasada por grupos insurgentes contra varios bases militares de la zona, las autoridades del país han respondido con registros, arrestos y ejecuciones sumarias en una nueva escalada de la violencia, según ha alertado el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, en un comunicado.
"Las fuerzas de seguridad intervinieron de la forma más profesional posible. Por lo tanto, sería innecesario traer fuerzas extranjeras a Burundi", ha respondido el Gobierno en un comunicado este martes. "Aquellos que lo han recomendado esconden otras intenciones", ha añadido el portavoz del Ejecutivo.
El Gobierno de Burundi ha sido acusado por los Ejecutivos de Ruanda y de otros países de la región de entrometerse en sus asuntos y de estar alentando la crisis en los países pobres de África.
En comunicado, el partido gubernamental CNDD-FDD ha acusado a Bélgica, su antiguos colonizadores, de suministrar "armas a los terroristas y tratarles cuando han estado heridos".
Estados Unidos y otros países occidentales han mostrado su preocupación por Burundi, país de mayoría hutu que firmó el fin de la guerra civil en 2005, ante la posibilidad de que surja otro conflicto étnico que desestabilice la región que fue testigo del genocidio de Ruanda en 1994.
