WASHINGTON, 15 Sep. (Reuters/EP) -
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves una ley que prohíbe el uso de fondos federales para trasladar a detenidos de la base naval de Guantánamo a Estados Unidos o a cualquier otro país mientras Barack Obama sea presidente o hasta que firme una nueva ley de política de Defensa.
La medida ha sido aprobada con 244 votos a favor y 174 en contra. La Casa Blanca comunicó este miércoles que, en caso de aprobarse, vetaría la medida, pero para ello necesita el apoyo de los demócratas y de los republicanos en el Senado.
En su campaña electoral de 2008, Obama prometió que cerraría el centro de detención de Guantánamo pero no ha podido cumplir su promesa, en parte, por la oposición que ha encontrado en el Congreso, en mayor medida por parte de los republicanos pero también de algunos demócratas.
Los partidarios de cerrar la prisión defienden que su mantenimiento supone un gasto muy grande y que va en contra de los principios estadounidenses por retener a los presos, en su mayoría musulmanes, sin juicio alguno. Además, aseguran que sirve de elemento de propaganda para radicalizar a futuros terroristas.
Pero el Partido Republicano considera que Guantánamo es una herramienta importante en la lucha contra el terrorismo y que la transferencia de presos es una amenaza contra la seguridad nacional, apoyándose en algunos informes que indican que algunos presos liberados han vuelto al campo de batalla. Desde que Obama llegó al poder, Washington ha reconocido que un total de nueve liberados se volvieron a grupos terroristas.
La Administración Obama últimamente ha mostrado un incremento en las puestas en libertad y sus detractores temen que use sus poderes ejecutivos para cerrarla por completo antes de que abandone su cargo el próximo mes de enero.
Estados Unidos abrió la prisión de Guantánamo en 2002 tras los ataques del 11 de septiembre llevados a cabo por Al Qaeda. Se creó con el objetivo de retener a sospechosos de terrorismo pero la mayoría han estado más de 10 años sin haber sido formalmente acusados ni juzgados, algo que ha aumentado las críticas por parte de la comunidad internacional. Actualmente aún quedan hasta 60 prisioneros en la base.
