CARACAS, 8 Mar. (EDIZIONES) -
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha presentado este martes su 'hoja de ruta' para expulsar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores antes de que acabe su mandato, en 2019, usando para ello todos los mecanismos constitucionales a su disposición.
1: TOMAR LA CALLE.
Lo primero que ha hecho la coalición opositora es "convocar a todo el pueblo de Venezuela a movilizarnos para lograr la renuncia de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República, exigiéndola con una amplia movilización popular nacional que debe caracterizarse por su carácter pacífico y su contundente determinación democrática".
La MUD confía en que la presión de los venezolanos en las calles precipite la salida de Maduro. Sin embargo, el precedente directo es trágico: en 2014 las protestas opositoras se saldaron con 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, incluidos importantes disidentes.
La renuncia de Maduro o la declaración oficial de "abandono" o "falta absoluta" por incumplimiento de sus funciones presidenciales tendría que producirse antes del 10 de enero de 2017 para poder ir a unos nuevos comicios. De lo contrario, el vicepresidente, Aristóbulo Isturiz, tomará las riendas de forma interina hasta 2019.
2: CAMBIAR LAS REGLAS.
Si las marchas multitudinarias no surten efecto, la MUD lanzará una ofensiva jurídica cuya primera fase consiste en "aprobar una enmienda constitucional que sea votada y defendida por el pueblo para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales este año".
El pasado mes de febrero la mayoría opositora en la Asamblea Nacional --lograda en los comicios del 6 de diciembre-- introdujo un proyecto de enmienda constitucional para reducir de seis a cuatro años el mandato presidencial y prohibir la reelección consecutiva.
La MUD se decantó así por la vía de activación legislativa, ya que la Carta Magna exige que las enmiendas procedan bien del 30 por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional (51), bien del 15 por ciento de las personas inscritas en el registro electoral (unos tres millones).
Las enmiendas constitucionales requieren varios debates parlamentarios. Para agilizar el trámite --que puede llegar a prolongarse dos meses-- se debe declarar su urgencia, que exige una mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 84 diputados, frente a los 109 que posee la MUD.
El texto emanado del Congreso debe someterse al juicio de los venezolanos en un referéndum que tiene que celebrarse en los 30 días siguientes. Si es aprobado, debe ser promulgado por Maduro y, en caso de que se niegue, la Asamblea Nacional tiene poder suficiente para hacerlo.
El problema surge si Maduro decide pedir la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados --tanto titulares como suplentes-- han sido designados 'in extremis' por el antiguo Parlamento 'chavista'.
El Supremo puede tumbar la enmienda constitucional por defectos procesales, así como retrasar su entrada en vigor, incluso aplazándola hasta después de 2019, lo que sería letal para las verdaderas pretensiones de la MUD.
"Sería absolutamente improcedente, pero teniendo en cuenta la marcada parcialidad política del TSJ, es algo que no podemos obviar que pueda pasar", ha explicado a la agencia de noticias Reuters el abogado José Vicente Haro.
3: REFRENDO REVOCATORIO.
En el caso de que el TSJ consiga neutralizar la enmienda constitucional, la MUD apuesta por un refrendo revocatorio, que puede activarse en el ecuador del mandato presidencial, superado por Maduro el pasado 10 de enero.
La coalición opositora debe recabar las firmas favorables y las huellas dactilares del 20 por ciento de los votantes registrados, es decir, unos cuatro millones de venezolanos, en el plazo máximo de tres días.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene entonces 15 días para autenticar los apoyos o rechazarlos, como ya hizo en 2004 con el refrendo revocatorio que se planteó entonces contra el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Si el CNE da su 'placet', debe convocar el refrendo revocatorio en los 90 días siguientes. Para que el mandato presidencial llegue a su fin deben votar a favor un número igual o superior de electores a los que apoyaron la elección, en el caso de Maduro 7,5 millones, con una participación mínima del 25 por ciento, unos 4,8 millones.
Si la convocatoria del refrendo revocatorio supera el 10 de enero de 2017, aunque los venezolanos ordenen la expulsión de Maduro, no habrá nuevas elecciones presidenciales, sino que Isturiz gobernará en funciones hasta 2019.
Consciente de estos escollos, la MUD contempla aprobar una Ley de Refrendos "con el objetivo de impedir el bloqueo o el retardo de este mecanismo constitucional, que es un derecho ciudadano". Aquí, como con el resto de actos emanados de la Asamblea Nacional, el TSJ tendrá la última palabra.
ÚLTIMO RECURSO.
"De persistir el Gobierno en su práctica irresponsable de intentar bloquear los mecanismos constitucionales para una solución pacífica a la crisis, no dudaríamos en activar un proceso constituyente originario, que por su misma naturaleza estaría a salvo del saboteo de los poderes constituidos", ha apuntado la MUD.
La Carta Magna confiere al pueblo venezolano la facultad de convocar a una Asamblea Constituyente con el objeto de transformar radicalmente el Estado. La iniciativa parte de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o del 15 por ciento del censo electoral.
A diferencia del refrendo revocatorio, el proceso de recolección de firmas no está regulado por el CNE y, una vez completado, encumbra a la Asamblea Constituyente de modo que todos los poderes públicos quedan supeditados a ella. Maduro no podrá objetar la nueva Constitución.
