Rechaza, sin embargo, un recurso del Gobierno que reclamaba la primacía de las leyes nacionales sobre las europeas
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional de Hungría ha determinado que el Estado tiene potestad para impugnar el Derecho de la UE en determinados casos, una hipótesis similar a la que ya ha avalado la Justicia en Polonia y que abre la vía a nuevos pulsos por parte del Gobierno de Viktor Orbán, que no ha logrado sin embargo una victoria judicial plena.
La sentencia establece que en áreas donde se solapen las dos jurisdicciones, la nacional y la comunitaria, Hungría tiene el derecho a no aplicar dictámenes del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si considera que pueden suponer un riesgo para su soberanía.
"El dictamen del Tribunal Constitucional respalda la política de inmigración húngara y ayudará a mantenerla", ha celebrado el ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, a pesar de que los jueces no han accedido exactamente a la petición del Gobierno, que esperaba de la corte un reconocimiento claro de que el Derecho nacional prima sobre el comunitario en cualquier caso.
El TUE condenó hace un año a Hungría por violar los derechos de los solicitantes de asilo, entendiendo que no cabía legalidad alguna en la retención indefinida de migrantes en la frontera con Serbia y que los solicitantes de asilo tenían derecho a completar todos los trámites antes de la deportación.
A pesar de que las autoridades húngaras han eliminado las instalaciones polémicas, Orbán ha seguido haciendo bandera del freno a la inmigración y, de hecho, este mismo viernes, antes de que se conociese la sentencia del Constitucional, ya confiaba en poder tener "una contundente barrera legal" para reforzar la "barrera física" en la frontera, según la agencia Bloomberg.
La ministra de Justicia, Judit Varga, había expuesto en la demanda del Gobierno que mantener en territorio húngaro de los migrantes implica correr el riesgo de que, "de facto", se conviertan en "población del país", lo cual a juicio del Gobierno violaría el derecho constitucional de un Estado a decidir quién entra y quién no.
Después del desafío de la Justicia polaca, la Comisión Europea ya advirtió de que el Derecho comunitario prima sobre el Derecho nacional, en la medida en que romper esta jerarquía implicaría también poner en cuestión uno de los pilares básicos en los que sustenta la UE.
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