España apoya el sistema de cuotas transferible para la flota industrial pero no para la pesca artesanal
BRUSELAS, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Eurocámara reclamó hoy una reforma "radical" de la política pesquera común (PCP) en el plazo de un año que corrija a la actual, incapaz de recortar la sobrecapacidad de la flota comunitaria y de frenar el exceso de pesca, y que dé más responsabilidad a las regiones para gestionar las distintas flotas y recursos.
Los eurodiputados opinaron sobre las primeras recomendaciones de la Comisión Europea sobre la reforma de la PCP y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, participó en el debate en representación de la presidencia española de la UE y explicó los puntos con más "dificultades" de entendimiento entre los gobiernos.
En declaraciones a los medios al término del debate, Fragueiro centró los problemas en el principio de estabilidad relativa, el paso del sistema de cuotas a otro modelo de gestión de las capturas basado en el esfuerzo pesquero y la transferibilidad de los derechos de pesca.
Sobre este último punto, Fragueiro recordó que la posición de España es "clara" a favor de unas cuotas de pesca transferibles para la pesca industrial, pero que considera que "no es necesario" para las artes artesanales.
El secretario general del Mar también constató el apoyo "unánime" de los 27 en objetivos como la reducción de los descartes (es decir, las capturas no deseadas que se devuelven al mar), corregir el exceso de capacidad de la flota comunitaria y combatir la sobrepesca.
De hecho, los eurodiputados pidieron "incentivos positivos y negativos" para combatir los descartes porque "no es sostenible" y pidieron contemplar la prohibición de esta práctica si los incentivos no son suficientes.
También hay "convergencia" en asuntos como limitar el acceso a las doce millas a la pesca artesanal, descentralizar la política comunitaria y la necesidad de incorporar la investigación científica "como elemento clave" para obtener información "fiable", añadió Fragueiro.
España también considera que es necesaria una reforma "radical" de la política pesquera comunitaria, pero auguró "dificultades" en las negociaciones en una Europa "de muchos países, con muchísimos intereses", en la que "conciliar posiciones tiene sus dificultades".
La reforma de la PCP no se negociará durante el semestre de la presidencia española, que concluye el próximo mes de junio, pero Fragueiro confió en que el Ejecutivo comunitario presenta un "avance" de la consulta pública y estos primeros debates en el mes de abril.
El objetivo es que el consejo de ministros europeos del ramo tengan un documento de trabajo que debatir ya en el mes de junio.
PRIORIDADES PARA LA EUROCÁMARA.
La reforma final la negociarán la Comisión Europea y el Consejo de la UE, pero también el Parlamento Europeo, que con el nuevo Tratado de Lisboa gana competencias en pesca.
En este marco, el pleno adoptó este jueves un informe que apela por un modelo de pesca responsable y sostenible económica y medioambientalmente y que recibió el respaldo de 456 eurodiputados, 50 en contra y 65 abstenciones. Si no se modifica a tiempo esta política, "no habrá pescado ni industria pesquera", según alerta el documento.
Los eurodiputados rechazaron de plano que exista un único modelo de gestión para las distintas pesquerías comunitarias, por lo que abogaron por una descentralización que permita la adaptación de la PCP a las especificidades de cada flota, pero "sin poner en peligro" la igualdad de oportunidades.
Además, consideraron necesario simplificar y reducir la burocracia de los pequeños pescadores y facilitar su acceso al fondo europeo de pesca.
El pleno también reclamó que las ayudas al sector pesquero en regiones como Canarias se apliquen "indefinidamente" por su condición de ultraperiféricas y por la necesidad de sostener una industria que en estas regiones tienen una fuerte repercusión en el empleo y la cohesión económica y social.
Por otra parte, subrayaron el papel que los acuerdos pesqueros con terceros países como Guinea o Marruecos pueden tener como instrumento para la promoción de los Derechos Humanos y la democracia y no sólo para apoyar el desarrollo sostenible del sector y del empleo.
Sin embargo, alertaron de la necesidad de diálogo con los países terceros, especialmente del Mediterráneo, para negociar y asegurar el cumplimiento de unas normas armonizadas y tan estrictas para los pescadores comunitarios, como para los extracomunitarios.
