MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las personas discapacitadas que protestan en Bolivia para incrementar las ayudas que reciben han llegado a un acuerdo con el defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, para que actúe como mediador en las conversaciones que tendrán con miembros del Gobierno este miércoles.
Más de 500 personas con discapacidad llegaron el pasado 25 de abril a La Paz, tras un mes de marcha que tenía como objetivo reunirse con el presidente, Evo Morales, para sustituir la ayuda anual de 1.000 bolivianos (alrededor de 129 euros) por una ayuda mensual de 500 bolivianos mensuales (64 euros).
Las manifestaciones de discapacitados han llegado a crear momentos tensos en las negociaciones, especialmente tras los disturbios que se provocaron en mayo y en junio en los que la Policía recurrió a cañones de agua y a gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes.
Según afirma el periódico boliviano 'La Razón', el Gobierno llegó a un acuerdo con asociaciones de discapacitados que no participaron en las protestas, y ahora los representantes de los manifestantes están mostrando su disponibilidad para comenzar negociaciones sobre la base de un primer acuerdo de 42 puntos al que llegaron el Gobierno y las asociaciones no movilizadas.
En este primer acuerdo, firmado en abril, el Gobierno se compromete a ciertas medidas como que los discapacitados puedan acceder a trabajos en la administración pública. Aún así, los manifestantes denuncian que aún faltan puntos por concretar, como el del aumento del bono mensual, el cual están dispuestos a negociar después de que las autoridades aseguraran que causaría un problema económico a nivel nacional.
"El acuerdo con Tezanos Pinto es para buscar un puente para llegar a dialogar con el Gobierno y rehacer el acuerdo de 42 puntos, mejorarlo y aumentarlo ya que hay muchas necesidades", ha declarado la presidenta de la asociación Kanata, Rosmery Guarita, que lucha por los derechos de los discapacitados.
Tezanos Pinto ya había defendido a los discapacitados en reiteradas ocasiones, especialmente tras los disturbios de mayo y junio, cuando instó a las autoridades de la Policía a que usaran una fuerza mínima para controlar a los manifestantes e inició una investigación para evaluar si la Policía usó la fuerza de una manera excesiva.
A principios de mayo, el Gobierno de Bolivia denunció que la protesta se debía a "intereses políticos" y que incluso se trataba de una amenaza de golpe de Estado contra Morales por su violencia y su cercanía a las instituciones gubernamentales.
Las autoridades bolivianas han mostrado su disposición para dialogar pero han asegurado que el punto del bono no es negociable ya que, según aseguró Morales, la cantidad exigida por los discapacitados superaría algunas transferencias que reciben varias gobernaciones desde la administración central. Tras haberse consolidado como mediador, Tezanos Pinto ha instado a ambas partes a volver a sentarse.
