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MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades venezolanas han detenido al menos a 70 personas por motivos políticos desde el 17 de marzo que se impuso la cuarentena y hasta el 23 de abril, según los datos recopilados por el Foro Penal, una organización de defensa de los Derechos Humanos.
Foro Penal y familiares de los propios detenidos han denunciado que as autoridades han aprovechado la pandemia para aumentar la persecusión, la represión, los traslados ilegales y las torturas psicológicas, según recoge el diario venezolano 'El Nacional'.
Además, la mayoría de los detenidos están en condiciones aún más precarias de reclusión, hacinados en celdas de hasta 2x2 metros, sin acceso a agua potable, a una alimentación equilibrada ni a atención médica.
"Los presos políticos están en un estado de total vulnerabilidad. Están en lugares sucios, donde la comida es deficiente, no hay medicinas y ni agua. No le dan implementos de limpieza ni de aseo personal", ha destacado la activista y hermana del preso Vasco Da Costa, Ana María Da Costa.
Estas detenciones estarían motivadas por el golpe de Estado denunciado por el chavismo en marzo, por las informaciones que han divulgado comunicadores sociales y profesionales de salud sobre el coronavirus y por protestar por la precaria situación del país, ha explicado el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.
"También se han producido centenares de retenciones de personas que son acusadas de incumplir la cuarentena, lo cual en la generalidad de los casos no tiene base legal", ha indicado Himiob. Estas limitaciones de movilidad "han servido de excusa para impedir la defensa de los detenidos y para violar más el debido proceso", según Himiob.
Así, se realizan traslados de procesados sin autorización judicial, lo que supone una violación del Artículo 125 del Código Orgánico Penitenciario. Además, se han limitado hasta el punto de eliminarse en varios casos las visitas de familiares, aunque sí se han permitido entregas de productos y comida.
El último balance de Foro Penal contabiliza 342 presos políticos, incluidos 220 civiles y 122 militares; 325 hombres y 17 mujeres. Además uno de los presos sería menor de edad.
La ONU ha identificado a los presos como población vulnerable ante la pandemia por las precarias condiciones de las cárceles en cuanto a la prevención del contagio, por lo que ha recomendado medidas alternativas, como el arresto domiciliario, que ya se han puesto en marcha en algunos países.
