MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La oposición bahreiní ha denunciado la muerte de un adolescente durante la supresión violenta por parte de las fuerzas de seguridad de una marcha de miles de chiíes que querían participar este viernes en una ceremonia religiosa oficiada por uno de sus líderes, el imam Issa Qassim.
La víctima ha sido identificada como Alí al Radhi, de 16 años de edad, según estas fuentes. Varias imágenes del cadáver y de los familiares preparando el cuerpo para las exequias han circulado por la red poco después del incidente.
La activista Maryam al Jawaja, que ejerce como presidenta en funciones del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) desde la detención y encarcelamiento de su predecesor, Rabil Rajab, ha hecho responsable al Gobierno del fallecimiento. El adolescente intentó atravesar las barricadas para llegar a la mezquita en la que se iba a realizar el oficio, tras lo que fue perseguido por las fuerzas de seguridad hasta una carretera, donde fue atropellado por un vehículo.
"Confirmado por varios testigos. Al Radhi fue perseguido por la Policía antidisturbios. Escapó por la autovía y fue atropellado por un coche civil. Hacemos responsable de su muerte al Ministerio de Interior", ha dicho Al Jawaja --cuyo padre, uno de los principales activistas del país, también ha sido condenado a pena de cárcel-- a través de su cuenta oficial en Twitter.
Los dirigentes chiíes, comunidad mayoritaria en la isla pero sin apenas influencia política, habían convocado a la población a un acto en apoyo del clérigo Issa Qassim en su localidad, Diraz, al oeste de Manama. La oposición respondía de esta forma a las advertencias del Gobierno a Issa Qassim, a quien pidieron expresamente que no criticase a las autoridades ni incitase a la violencia.
El llamamiento se ha traducido en una movilización masiva que ha llevado a la Policía a impedir que tanto periodistas como personas no residentes en Diraz accediesen a esta localidad este viernes por la mañana. Para ello, han montado barricadas en todas las carreteras de acceso y han realizado varios arrestos.
Un vídeo difundido a través de YouTube muestra cómo agentes lanzan gas lacrimógeno en el interior de un coche donde estaba una mujer que, según activistas, se dirigía a la oración de Issa Qassim. El vídeo, cuya veracidad no está plenamente confirmada, muestra a la mujer desfallecida en el suelo tras salir del vehículo. Poco después, la oposición ha asegurado que son "varias" las personas que han sufrido asfixias por la inhalación de gases lacrimógenos.
Durante el acto, el imam Qassim ha denunciado la decisión del Gobierno de retirar la ciudadanía a un total de 31 bahreiníes por su presunta participación en ataques contra la seguridad del Estado, algo que ya ha sido criticado también por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW). "La revocación de la ciudadanía de gente honorable está destinada a castigar a aquellos que se oponen al Gobierno", ha dicho ante todos aquellos que han conseguido llegar a la mezquita.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
En respuesta, el Ministerio de Interior ha subrayado que las medidas tomadas durante la jornada tenían como finalidad "garantizar la seguridad y la estabilidad del país", al tiempo que ha destacado que los presentes eran "vándalos" que "intentaron usar el tiempo del rezo para cometer actos subversivos". Asimismo, ha pedido disculpas a todos aquellos afectados por los problemas causados por las retenciones de tráfico provocadas por el cierre de carreteras.
Igualmente, ha defendido su decisión de prohibir todas las manifestaciones en el país, ya que, a su juicio, "pretende dar tiempo a que se trabaje sobre medidas que eviten que los saboteadores se salten la ley y violen la libertad de expresión", según ha informado la agencia estatal bahreiní, BNA.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente desde marzo de 2011 las protestas pro democráticas en el territorio. Manama impuso la ley marcial y solicitó la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como AI, HRW o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
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