MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Censo estadounidense se va a encontrar con un importante número de obstáculos a la hora de realizar, a partir del 1 de abril, el recuento general del año que viene: un incremento espectacular de las personas sin hogar, la amenaza de boicot declarada por asociaciones defensoras de los inmigrantes ilegales y, sobre todo, la tensión que se respira en el sur del país, donde opera un importante número de elementos antigubernamentales y que podría haber culminado con el asesinato de un censor en el este de Kentucky.
La ahorcamiento del censor Bill Sparkman, presuntamente por actuar en calidad de representante del gobierno, es la expresión más cruel de la histórica tendencia ultraderechista estadounidense que se opone categóricamente a cualquier tipo de intervención gubernamental en la vida pública de sus ciudadanos. El censo, que podría costar hasta 11.000 millones de dólares y que no será hecho público hasta el 1 de abril de 2082, es un perfecto ejemplo de ello.
Sparkman fue hallado colgando de un árbol, suspendido por el cuello con una soga y con la palabra "Fed" (por federal) grabada en su pecho en un lugar muy próximo a una plantación de marihuana del Parque Nacional Daniel Boone. Los foros de las páginas web afines al movimiento supremacista blanco no tardan en relacionar su muerte con la actividad pública que Sparkman estaba realizando en ese momento.
"He visto a peña (sic) del censo pasearse por aquí como si fueran dueños de todo", afirma un forero. "Esto podría ser malo, porque así el Gobierno podría 'inbentarse' los resultados del censo que les hace falta para manipular completamente la Constitución", explica otro. Un miembro del Ku Klux Klan solicita "a quien sea a que reste una unidad del censo total de estadounidenses" tras la muerte del censor.
A falta de más datos sobre la investigación, la muerte de Sparkman puede ser un incidente aislado, pero de todas formas hay quien lo asocia a la enorme tensión provocada por la declaración censal, que muchos expertos ven como una "punta de lanza" donde los americanos depositan toda su frustración por los problemas, sobre todo económicos, que atraviesa el país.
"Todo el mundo se olvida del censo hasta que toca hacerlo cada diez años, cuando se convierte en un marco de los problemas políticos de su tiempo", explica a 'Newsweek' la historiadora Margo J. Anderson, de la universidad de Wisconsin, máxime cuando este nuevo recuento tiene previsto abordar ámbitos que nunca antes habían sido barajados por un censo a nivel nacional, entre ellos el matrimonio homosexual y la inmigración.
Precisamente por este motivo, el director de la Oficina del Censo, Robert Groves, ha solicitado "desesperadamente" al Congreso estadounidense que haga todo lo posible para impedir que la gente asocie el censo a una forma de expresión sobre el estado de la nación porque esta forma de pensar sólo desemboca "en la destrucción de la confianza pública".
BOICOT LATINO
Los mismos grupos latinos de presión que antes pedían a los ilegales que participaran en el censo para potenciar el gasto social están ahora solicitando que nadie responda a las preguntas de los censores hasta que se emprenda una reforma integral de la política migratoria. Este es el tipo ejemplo de intromisión política que Groves pretende impedir.
"Nuestros barrios (castellano en el original) tienen las peores escuelas", se queja el reverendo Miguel Rivera, director de la Coalición Nacional del Clericado Latino y Líderes Cristianos, a la revista 'Newsweek'. "Tenemos las peores calles, la peor atención médica, por lo que no vamos a permitir en lo más mínimo ser la vaca lechera de los políticos", advirtió, señalando que el gasto social derivado del censo es "un mito y una mentira".
Rivera estima "por lo bajo" que 2,5 millones de latinos se abstendrán de contestar a las preguntas de los censores, y otros 2,5 millones más para finales de año. La intención final es emplear este censo como ensayo para coordinar la abstención popular de cara a un plan a mayor escala: dinamitar la mecánica del mismísimo Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones legislativas. "Si los políticos creen que la reforma migratoria no es necesaria, entonces no necesitamos a los políticos", sentencia el reverendo.
RECELO CONSERVADOR
La congresista republicana por Minnesota, Michele Bachmann, abandera la iniciativa conservadora contra el boicot al negarse a completar el censo. Bachmann argumenta motivos históricos, citando el uso del censo para congregar a los japoneses-estadounidenses en campos de concentración como el de Manzanar durante la Segunda Guerra Mundial.
"Les dijeron que no emplearían esta información contra ellos. Y lo hicieron", afirma Bachmann, quien cuenta con el respaldo total de los medios más conservadores, empezando por Fox News y uno de sus periodistas más agresivos, el locutor y presentador de TV Glenn Beck, que en un momento dado llegó a expresar su temor de que si no rellenaba el censo, el gobierno le impediría "poseer una pistola" (el censo no guarda ninguna relación con la Segunda Enmienda constitucional que regula la posesión de armas de fuego).
Por lo que se refiere a la congresista --quien sólo va a contestar a una de las preguntas, existe una ley federal que obliga a contestar a la totalidad del censo so pena de una multa de 5.000 dólares, pero raramente ha sido aplicada.
VENTAJISMO POLÍTICO
No son pocos los que acusan al presidente estadounidense, Barack Obama y a sus "liberales", de intentar manipular los datos del censo en su beneficio, según denuncia por ejemplo la Fundación Legal del Sureste de Estados Unidos. "No queremos que el Congreso Democrático y los activistas de su administración, empezando por su hiperpolítico jefe de Gabinete (Rahm Emanuel) nos pongan la zancadilla con el censo", según el portavoz de la Fundación, Todd Young.
Una zancadilla doble. Primero, los conservadores han condenado enérgicamente los intentos de la Casa Blanca de arrebatar al Departamento de Comercio sus competencias sobre el censo. Segundo, que el Gobierno intenta que el país entero declare sobre determinadas leyes que se aplican a un número reducido de estados, con el peligro de expandir aún más la influencia centralista de Washington.
Un ejemplo de ello es el matrimonio homosexual. El censo de 2010 dará, por primera vez, el número de parejas casadas del mismo sexo, lo que supone en cierto modo un problema de competencias porque el censo tendrá carácter nacional, pero el matrimonio gay sólo está aceptado en un limitado número de estados. "Creo que nos espera un sensacional debate sobre el término 'Federalismo'", apunta la congresista y miembro del Comité sobre el Censo, Carolyn Maloney.
PELIGRO PERSONAL
Mientras prepara a los más de 700.000 censores que saldrán a las calles el próximo año, Grover no sólo tiene que impedir intromisiones políticas, sino que, en un plano personal, debe asegurar a sus empleados que no corren ningún peligro mientras realizan la encuesta.
Si se confirma que la muerte de Sparkman está relacionada con su labor como funcionario del Gobierno, sería un hecho sin precedentes, pero sí que se tiene constancia del uso de la violencia contra los censores (que data hasta de 1890), por lo que se ha publicado un manual de autodefensa en el caso de que los encuestadores se vean en una situación muy apurada.
En este sentido, el manual insta a los funcionarios a que se abstengan de mantener cualquier conversación de índole política con aquellos interlocutores que hayan manifestado su desprecio al gobierno. "Simplemente limítense a lamentar que su interlocutor piense de esa manera, y esfuércese en proporcionarles una experiencia positiva", según el texto.
