LONDRES, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) indicó hoy que el memorándum del subsecretario de Defensa estadounidense, Gordon England, en el que se instruye a los funcionarios del Departamento de Defensa para que se cumpla lo establecido en el artículo tres de los Convenios de Ginebra con los prisioneros de guerra de la base de Guantánamo y de otros centros de detención, es un paso "en la dirección adecuada" pero "sólo es un paso".
En la práctica, afirmó AI en un comunicado, el memorándum del subsecretario England del 7 de julio de 2006 "constituye al menos una anulación parcial de la política mantenida durante cuatro años y medio por el Gobierno estadounidense de negar a los detenidos bajo su custodia en la 'guerra contra el terror' la protección que brinda el artículo tres común de los Convenios de Ginebra".
No obstante, recordó AI, las instrucciones del subsecretario abarcan sólo a los detenidos bajo custodia del Departamento de Defensa, lo que exime una vez más de su cumplimiento a otras agencias como la CIA, "presuntamente responsable de detenciones secretas, entregas ilegales y torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la 'guerra contra el terror'".
"Está claro que la decisión de aplicar el artículo 3 común a los detenidos bajo custodia militar es sólo un paso parcial", indicó Amnistía, que pide que también se apliquen medidas de protección completas, en virtud del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, a todos los demás detenidos, independientemente de dónde permanezcan recluidos y bajo la custodia de qué agencia se encuentren.
'HAMDAN CONTRA RUMSFELD'
La base del memorándum es la resolución 'Hamdan contra Rumsfeld' dictada el 29 de junio por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que "socavó uno de los principios generales de la 'guerra contra el terror' estadounidense al fallar a favor de la aplicabilidad del artículo 3 común".
El caso en cuestión se refería al detenido yemení Salim Ahmed Hamdan, uno de los varios detenidos de Guantánamo que se enfrenta a juicio ante las comisiones militares creadas por el presidente George W. Bush en virtud de una orden militar que firmó el 13 de noviembre de 2001. Amnistía Internacional ha instado al Gobierno estadounidense a no tratar de resucitar las comisiones militares bajo otras formas o por otros medios, por ejemplo mediante la autorización del Congreso.
Amnistía Internacional reiteró también que todas las personas recluidas en Guantánamo deben ser juzgadas sin demora en juicios justos ante tribunales estadounidenses o ser puestas en libertad con todas las garantías. Asimismo, prosiguió, "el centro de detención de Guantánamo debe cerrarse, y todas las demás detenciones deben cumplir plenamente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos".
"Deben terminar todas las detenciones secretas, y todos los detenidos deben tener acceso a su familia, a asistencia letrada y a una revisión judicial de la legalidad de su detención, y deben ser puestos en libertad si no van a ser juzgados en un proceso justo", afirmó la organización.
A juicio de Amnistía, en la llamada guerra contra el terrorismo, el Gobierno estadounidense no sólo ha tratado de eludir las protecciones de los Convenios de Ginebra, sino también las establecidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que incluye la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Estados Unidos ratificó el PIDCP en 1992 y la Convención contra la Tortura dos años después. El pasado mes de mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura rechazó en Ginebra la postura estadounidense según la cual la Convención contra la Tortura no era aplicable a detenidos bajo custodia de Estados Unidos fuera de territorio norteamericana.
La semana que viene, Estados Unidos comparecerá ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional y otras organizaciones han enviado al Comité documentos que revelan que Estados Unidos no ha aplicado el PIDCP fuera de su territorio, pese a las recomendaciones en este sentido del propio Comité.
"No cabe duda de que ha llegado el momento de que Estados Unidos introduzca un cambio mayor en su política. La actitud de rechazo del Gobierno ante el derecho y las normas internacionales ha venido seguida de graves abusos y ha causado un gran daño a la credibilidad de Estados Unidos en materia de Derechos Humanos", manifestó Amnistía Internacional.
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