MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La empresa norteamericana Odyssey, que mantiene con el Gobierno español un contencioso en los tribunales para esclarecer si la empresa ha expoliado Patrimonio español, ha aumentado sus ingresos a 1,3 millones de dolares en el tercer trimestre de 2007 frente a los 0,6 millones de dólares que alcanzó en el mismo periodo de 2006, según anunció hoy la compañía.
El consejero delegado de Odyssey y cofundador de la empresa de Odyssey, John C. Morris, aseguró en un comunicado que a pesar de los "gastos adicionales asociados a la recuperación del 'Cisne Negro', los gastos totales no han aumentado" e indicó que después de la salida reciente del segundo navío de Gibraltar "tras haber sido bloqueado por España durante varios meses", ahora esperan "con impaciencia poder poner ambos barcos a trabajar".
"Estamos muy contentos de tener un aumento de los ingresos durante el tercer trimestre de 2007, comparado con el año anterior, aunque todavía los números no son lo que nos gustaría", reconoció John C. Morris, quien recordó que su empresa seguirá añadiendo canales adicionales de ventas y programas de marketing para obtener un "efecto positivo" sobre sus futuros ingresos.
Según publicó este fin de semana 'The Sunday Times', Odyssey habría inflado la valoración del tesoro hallado con el objetivo de que subiera la cotización de las acciones de la empresa en Bolsa.
La interceptación por la Guardia Civil de un segundo buque de la la empresa Odyssey Marine Explorer, obedeció a la orden judicial de apresamiento dictada el pasado 4 de junio por un juzgado de la Línea de la Concepción para inspeccionar la carga del navío.
El 18 de mayo de 2007 la empresa norteamericana anunció que había transportado un cargamento de monedas a los Estados Unidos procedente de la operación que ellos mismos denominaron 'Cisne Negro'.
La empresa se negó a otorgar ningún tipo de información sobre la identidad del pecio o pecios objeto de esa extracción o de la localización exacta en la que se había producido la denominada operación.
Diez después, España se personó ante el Tribunal de Tampa (Florida) solicitando a través de varias mociones la identificación de los pecios, la carga contenida en los mismos para poder reclamar en su caso la propiedad de las monedas y del pecio.
El único dato que dio fue que el hallazgo no se había realizado en aguas españolas y que se había hecho, por tanto, en aguas internacionales.
