BOGOTÁ, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El escándalo de la 'parapolítica', es decir, la vinculación de políticos colombianos con los grupos paramilitares, ha involucrado ya a 51 congresistas y otros 29 están en la cárcel actualmente. Es decir, de los 268 legisladores que conforman las dos Cámaras, más de una cuarta parte está siendo investigada o ha sido encarcelada, por lo que el Senado ha sido convocado para celebrar un debate en el que se discutirá una salida institucional a esta crisis.
Según informa el diario local 'El Tiempo', la situación actual tiene al Congreso colombiano en una evidente inactividad, pues sólo los partidos Polo Democrático Alternativo y Mira se han librado, por el momento, de que no se haya relacionado a sus legisladores con este escándalo.
En otros partidos la situación es más complicada. Las formaciones políticas de la coalición de Gobierno han sido las más golpeadas por las investigaciones judiciales, pues suman la mayoría de procesados, pero de forma individual es el liberalismo, bastión de la oposición, el que se ha llevado la mayor parte: diez de sus congresistas están vinculados al proceso y seis de ellos han sido encarcelados.
Ninguno de los cuatro senadores elegidos por Colombia Democrática está hoy en su escaño. Tres de ellos están en la cárcel y el cuarto se encuentra a la espera de una decisión de la Fiscalía que resuelva su situación.
Otro caso especial es el de Colombia Viva, que ha visto pasar a tres de sus miembros por el mismo escaño. Uno está detenido y los otros dos se encuentran a la espera de que decida la Fiscalía.
El fenómeno de la 'parapolítica' ha permitido que candidatos que obtuvieron muy pocos votos en diversas regiones del país estén ocupando ahora escaños en el Congreso en sustitución de los encarcelados. Tal es el caso de Víctor Vargas Polo, del departamento del Magdalena, quien goza de su fuero en la Cámara de Representantes con tan solo 2.907 votos.
Así pues, este escándalo ya supera al denominado 'proceso 8.000', que se emprendió a mediados de los noventa contra el entonces presidente de colombiano Ernesto Samper bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. En aquella ocasión fueron condenados 26 congresistas.
Según el citado periódico, antes del escándalo de la 'parapolítica' no hay antecedentes de un fenómeno similar que hiciera desgranar de sus escaños, uno por uno, semana tras semana, a decenas de senadores y representantes para ser llevados directamente a la cárcel.
300.000 CRÍMENES CONFESADOS
Esto ha sido posible porque la Justicia colombiana no se había involucrado tanto como ahora a la hora de investigar las relaciones de los partidos políticos y sus dirigentes con la que es considerada la mayor masacre colectiva de la historia reciente del país: 300.000 crímenes confesados por sus autores, entre los que hay asesinatos, secuestros, violaciones y desapariciones, entre otros.
Lo que ya se sabe por las confesiones de los responsables, aunque las investigaciones continúan, es que el fenómeno paramilitar se infiltró en las direcciones de la mayoría de los partidos y muchos de ellos llegaron a acuerdos con los 'paras' o consintieron sus acciones a cambio de votos. Otros, inclusive, intentaron 'refundar' la nación, según versa en el pacto secreto de Ralito, firmado en julio de 2001 por alcaldes, diputados, campesinos, empresarios y paramilitares.
Además de cobrarse sus principales víctimas en el Congreso, el escándalo de las relaciones entre políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también ha provocado la caída de decenas de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, militares y empresarios, a los que se les han descubierto acuerdos con los grupos paramilitares.
Magdalena es el departamento con el mayor número de congresistas involucrados en este escándalo, con siete legisladores investigados. Antioquia y Córdoba le siguen con seis. De todos los legisladores llamados a declarar por la Justicia, 21 han renunciado a sus escaños así como a ser juzgados por el Tribunal Supremo, por lo que sus procesos han sido asumidos por Fiscalía.
LEGITIMIDAD DEL CONGRESO
Cada nuevo arresto trae a colación en Colombia la discusión sobre la legitimidad del Congreso elegido en 2006. Mientras algunos proponen el adelanto de elecciones legislativas, otros insisten en que no se debe romper la institucionalidad y sugieren que se apruebe la reforma política que incluye castigos para los partidos que inscriban a candidatos que tengan vínculos con grupos ilegales.
Así pues, y a raíz de las tres detenciones de congresistas de las últimas horas, ha sido convocado el pleno del Senado con el objetivo de debatir la crisis que atraviesa el Congreso.
Para la diputada Nancy Patricia Gutiérrez, del partido Cambio Radical, "hay que buscar mecanismos de salida para fortalecer la democracia y garantizar que sea una democracia real y limpia", por lo que hizo un llamamiento a la oposición para que se una a estas reformas.
Sin embargo, Jorge Visbal, del Partido de la U --formación política del presidente, Álvaro Uribe--, consideró que "todavía no se puede hablar de una profunda crisis porque se establece en la Constitución que los senadores ausentes son reemplazados por otros existentes en una lista".
"No se puede pensar que por una euforia de unos medios y algunos congresistas se quiera revocar el Congreso. Eso no se puede hacer. Eso no lo quiere el pueblo, ni el Congreso, ni el presidente Uribe", añadió.
Esta opinión es compartida por Camilo Sánchez y Juan Fernando Cristo, congresistas por el Partido Liberal, quienes ven más positivo "avanzar en la reforma política, profundizar en las sanciones para los partidos que se contempla en la reforma política y tratar de recuperar en los dos años que quedan (de legislatura) la legitimidad que ha perdido el Congreso por cuenta de la 'parapolítica'".
"Lo que sería una equivocación sería limitar la reforma sólo a las sanciones y no hacer una reforma estructural, no sólo el aumento del umbral, sino eliminar el voto preferente para que haya listas cerradas y así los partidos asuman plenamente la responsabilidad política", señaló Cristo.
ÚLTIMOS DETENIDOS
Se trata de los senadores Luis Humberto Builes Correa, del partido Cambio Radical, y el liberal Guillermo Gaviria Zapata, así como el ex congresista Vicente Blel, quien se ha entregado él mismo a las autoridades.
Se da la circunstancia de que Builes Correa fue arrestado cuando llegaba al Senado para sustituir en su escaño al congresista Mario Londoño Arcila, quien falleció a comienzos del año pasado.
El último detenido por sus presuntas conexiones con la 'parapolítica' es Mario Uribe. Primo del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, este ex senador también fue presidente del Congreso colombiano y director del movimiento Colombia Democrática.
