MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros remitió hoy a las Cortes Generales el Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, aprobado el 16 de mayo de 2005 y cuya firma fue autorizada por el Gobierno el pasado 23 de mayo.
El Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa persigue como objetivo fundamental prevenir y combatir el tráfico de seres humanos en todas sus formas, tanto a nivel nacional como internacional. El Ejecutivo ha solicitado a las Cortes que se tramite por el procedimiento de urgencia.
El texto, según el Gobierno, "se basa en el principio fundamental de la protección y promoción de los derechos de las victimas, que serán asegurados sin discriminación de ningún tipo, teniendo en cuenta que la trata de seres humanos es uno de los problemas más relevantes en la Europa de hoy, ya que conlleva la explotación sexual, el empleo de mano de obra para el trabajo u otros propósitos que constituyen una amenaza contra la sociedad democrática".
El texto del Convenio recoge el ámbito de aplicación, principio de no discriminación y definiciones; aborda la cuestión de la prevención, cooperación y otras medidas; recoge las medidas para proteger y promover los derechos de las víctimas, garantizando la igualdad de género; elabora las normas de derecho penal sustantivo; trata las normas de derecho procesal y de protección de víctimas y testigos en el proceso y dicta las normas de cooperación internacional.
GIBRALTAR
Por otra parte, ante la eventualidad de que el Reino Unido proceda a extender al territorio de Gibraltar el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, y de que pudieran producirse comunicaciones con las autoridades gibraltareñas, el Gobierno afirmó hoy, en una declaración, que "Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas".
Asimismo, "las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo".
"En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos precedentes", concluyó.
