MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros autorizó la ratificación por España de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.
La Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO fue aprobada el 19 de octubre de 2005 durante la trigésimo tercera Conferencia General de la Organización y se convirtió en el primer instrumento jurídico internacional que tiene por objeto la erradicación del dopaje y posee a la vez un carácter obligatorio y un alcance universal.
Según el artículo 36 de la Convención "estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales".
La nueva Convención, responde al desafío de dar una respuesta mundial a un problema mundial, y brinda a los gobiernos un marco legal para la armonización internacional de los esfuerzos en la lucha contra el dopaje
No se limita a preconizar controles y sanciones, sino que incita a los Estados Parte "a apoyar, diseñar o aplicar programas de educación y formación sobre la lucha contra el dopaje" para sensibilizar al público sobre los efectos negativos de éste en la salud y los valores éticos del deporte, y para informar también sobre los derechos y responsabilidades de los atletas y los procedimientos de control.
En lo relativo a controles y sanciones, la nueva Convención prevé que todos los atletas del mundo se sometan a las mismas normas, sean examinados de forma regular y padezcan idénticas consecuencias en caso de infracción. La Convención compromete asimismo a los Estados Parte a adoptar medidas conformes a los principios enunciados por el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), adoptado durante la Conferencia Mundial sobre el Dopaje celebrada en Copenhague en 2003.
Además, la Convención crea la Conferencia de las Partes, como órgano soberano de la misma y establece las funciones que incumben a los Estados a los efectos de la misma.
