MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un experto independiente de Naciones Unidas ha aplaudido este viernes la publicación de una base de datos sobre las empresas que operan en asentamientos israelíes y ha destacado que se trata de "un importante primer paso hacia la rendición de cuentas y el fin de la impunidad".
El relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, Michael Lynk, ha manifestado que, si bien la publicación del documento "no pondrá fin por si mismo a los asentamientos ilegales o a su grave impacto sobre los Derechos Humanos, señala que el desafío reiterado de una potencia ocupante no quedará sin respuesta".
"Los asentamientos israelíes son una fuente significativa de violaciones de los Derechos Humanos de la población palestina en los territorios ocupados", ha indicado, antes de agregar que "a causa de los mismos, miles de hectáreas de tierra palestina han sido expropiadas y miles de viviendas y propiedades palestinas han sido destruidas".
Así, Lynk ha recalcado que los asentamientos han provocado además "que miles de palestinos se hayan visto desplazados, que se hayan confiscado recursos naturales, que se haya restringido la libertad de movimiento y se hayan socavado los pilares para un auténtico Estado palestino y una economía viable".
"Estos asentamientos israelíes están apoyados por la actividad económica de múltiples compañías israelíes y extranjeras", ha recordado, al tiempo que ha destacado que "sin estas inversiones (...) muchos de ellos no serían sostenibles a nivel financiero y operativo".
"Sin estos asentamientos, las cinco décadas de ocupación israelí perderían su razón de ser colonial", ha manifestado Lynk, quien ha hecho hincapié en que bienes por valor de cientos de millones de dólares producidos en estos asentamientos son exportados anualmente a mercados internacionales.
En este sentido, ha argüido que "la comunidad ha condenado de forma correcta el estatus ilegal y el impacto dañino de los asentamientos israelíes" y ha agregado que "al participar en comercio con los asentamientos, la comunidad internacional sostiene su viabilidad y socava sus propios pronunciamientos".
Por ello, ha puntualizado que la base de datos ha sido publicada en el marco de los esfuerzos de la ONU para promover comportamientos financieros responsables con los Derechos Humanos y ha pedido a los estados miembro del organismo que aprueben leyes para prohibir la importación de bienes producidos en asentamientos ilegales en territorio ocupado.
"Dado que los asentamientos civiles en territorio ocupado están designados como un crimen de guerra por el Estatuto de Roma de 1998, es imperativo que los estados acepten las responsabilidades legales internacionales y pongan fin a todo el comercio con estas fuentes de violaciones de los Derechos Humanos", ha zanjado.
LA LISTA PUBLICADA POR LA ONU
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos identificó el miércoles a 112 empresas con actividades en asentamientos israelíes y dejó en manos de los estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirá posibles medidas.
"Soy consciente de que este asunto ha sido y seguirá siendo muy controvertido", admitió la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien se mostró "satisfecha" por la labor "extensa y meticulosa" de los investigadores, habida cuenta de que se trata de una labor "sin precedentes y muy compleja".
La ONU considera ilegales los asentamientos israelíes en territorios ocupados, pero por el momento el Estado hebreo no ha dado muestras de frenar su expansión, que quedaría avalada en el acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El futuro de estos enclaves es precisamente uno de los temas más espinosos de una hipotética negociación para alcanzar una solución de paz basada en dos Estados, en la medida en que los palestinos reclaman una vuelta a las fronteras previas a 1967.
En respuesta, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, recriminó a la oficina de Bachelet su supuesto sesgo, que daría alas a quienes abogan por el boicot a productos procedentes de asentamientos. "La decisión de la Alta Comisionada de mantener la postura anti israelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una mancha para el cargo", criticó.
En cambio, el ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, Riad Malki, aplaudió el informe, que considera "una victoria del Derecho Internacional y de los esfuerzos diplomáticos para dejar sin recursos el sistema colonial, representado en los asentamientos ilegales".
