MADRID, 13 Feb. (Por Andrea Diez, responsable regional de Programa de Derechos de las Mujeres para América del Sur de Oxfam Intermón) -
Ni Derechos Humanos, ni justicia económica, ni estado de derecho.
La afirmación es tan obvia que resulta impensable que aun hoy todavía existan personas convencidas que podemos cambiar el mundo sin cambiar la más profunda de las injusticias, la violencia que en el nombre de las jerarquías y la biología se comete contra las mujeres y las niñas.
Hace más de 30 años que el movimiento antiviolencia en América Latina ha salido a las calles para denunciar lo innombrable: tráfico de mujeres, explotación sexual comercial, abuso físico y sexual, acoso callejero, desplazamiento forzado, violencia contra las mujeres en el hogar. A la larga lista de formas de control de las mujeres se sumó, incluso, una palabra que todavía no existe en el diccionario: el feminicidio (o femicidio), que lentamente comienza a incluirse en la mayoría de los códigos penales de la región.
Y se suma así a la lista de palabras que hacen doler a la humanidad, o al menos a una parte de ella, porque ¿cómo explicar que se asesinen mujeres por el solo hecho de serlo? ¿Y cómo, que la mayoría de esos crímenes, sean cometidos por personas --mayormente hombres-- que tenían vínculos con las mujeres asesinadas?
El movimiento de mujeres y feministas lleva décadas dando respuesta a estas preguntas. Mientras los cuerpos de las mujeres continúen siendo considerados propiedad y objeto de intercambio, prestigio y poder entre los varones, mientras ese sistema de privilegios no se modifique de raíz, mientras se siga expoliando las capacidades de las mujeres, de producción, trabajo y reproducción, el feminicidio continuará.
Al fin y al cabo, ningún grupo quiere perder el privilegio de explotar y abusar. Mucho menos los beneficios que se obtienen de esos privilegios, como el prestigio, la comodidad y el acceso a recursos económicos y simbólicos.
Según 'Femicide: a global problem', más de 65.000 mujeres son asesinadas en el mundo todos los años por el solo hecho de ser mujeres. La mitad de esos crímenes se cometen en América Latina. Jamaica, Bahamas, Belice, República Dominicana, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Guyana lideran la lista de la vergüenza.
HUÉRFANOS
Mientras las organizaciones de mujeres hacen esfuerzos extraordinarios por erradicar la impunidad de los sistemas de justicia y hacer público el número de crímenes --como si el femicidio fuera un problema de ellas y no una responsabilidad social-- el número de huérfanos del feminicidio entró en el foco de la realidad.
Hasta ahora, nadie se había puesto a pensar que por cada mujer asesinada, además, quedaban niños y niñas en el desamparo y el silencio de lo innombrable. Porque ¿cómo se puede decir: "mi papa mató a mi mamá"? ¿Cómo puede aceptarse (y curarse)? Solo en Republica Dominicana el Estado asumió que existían más de 800 niñas y niños que quedaron huérfanos como consecuencia del feminicidio en un período de tres años. Una cifra similar registran las organizaciones guatemaltecas. Pero nadie, hasta ahora, registra qué sucede con esos niños y esas niñas después que sus madres son asesinadas.
Que la erradicación de las violencias contra las mujeres ya no puede ser una prioridad solo del feminismo y del movimiento de mujeres es un hecho que todavía muchas organizaciones y Estados se niegan a aceptar.
