MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha afirmado este martes que el deterioro de la situación de seguridad y la profundización de la crisis política en Libia está generando una situación "que no llevará de ninguna manera" a poner fin a la impunidad en el país.
"No puedo incidir lo suficiente en el perjudicial impacto que la inestable situación política y de seguridad ha provocado y continúa provocando en mis investigaciones", ha dicho, durante una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
"Mientras que mi oficina sigue comprometida con continuar su mandato en Libia, la situación de seguridad ha impedido de forma importante nuestra capacidad para investigar de forma efectiva en el país", ha agregado.
En este sentido, ha alertado de los continuados asesinatos en Benghazi, las amenazas a los trabajadores de los medios de comunicación, activistas pro Derechos Humanos y mujeres, así como contra fiscales, jueces y abogados.
"Nos hemos visto obligados a rebajar los recursos de las investigaciones en el país, lo que limita nuestra capacidad para investigar, entre otros casos, los presuntos crímenes en masa cometidos por las fuerzas rebeldes", ha manifestado.
Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que sea más activa en la búsqueda de soluciones para restaurar la estabilidad, destacando que "la continua disparidad entre recursos y expectativas, no sólo dañará al TPI y su mandato, sino también a la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU".
Asimismo, Bensouda ha solicitado al Gobierno libio que entregue "inmediatamente" al tribunal a Saif al Islam Gadafi, hijo del fallecido líder del país, Muamar Gadafi --quien fue capturado y ejecutado en octubre de 2011--, al tiempo que ha asegurado que sigue de cerca la situación del antiguo jefe de los servicios de Inteligencia Abdulá al Senussi.
Por último, ha recordado la situación de los desplazados internos de la tribu tawherga, objeto de represalias desde que fueron expulsados de sus hogares en agosto de 2011 por grupos armados de Misrata, que les acusaron de apoyar al régimen de Gadafi.
