El presidente ha recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Sorin Grindeanu está decidido a seguir adelante con el controvertido decreto de emergencia que suprime algunos delitos de corrupción y que ha provocado las manifestaciones más multitudinarias registradas en Rumanía desde la caída del comunismo.
Después de que unas 250.000 personas se echaran a las calles el miércoles para reclamar la supresión de la medida adoptada un día antes y de que uno de los ministros haya dimitido en desacuerdo con la misma, la ejecutiva del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) se ha reunido para cerrar filas.
Al término de la reunión, su líder, Liviu Dragnea, ha recalcado que el Gobierno no dará marcha atrás al tiempo que ha defendido que las multitudinarias manifestaciones contra la medida son resultado de la desinformación.
"Estamos siendo testigos de una campaña de mentiras y desinformación que no había visto desde la Revolución", ha subrayado. Dragnea ha dicho que siente "todo el respeto por los manifestantes, pero al mismo tiempo es importante protestar sin violencia", en referencia a los altercados protagonizados por un grupo de violentos el miércoles por la noche.
"Espero que el Ministerio del Interior y la oficina del fiscal consigan encontrar a quién planeó, organizó y pagó las acciones violentas de anoche", ha añadido.
Asimismo, ha defendido la legitimidad del Gobierno, subrayando que "el PSD ganó de forma justa las elecciones, con una votación masiva". "El Gobierno ha ejercido legalmente su poder, en cumplimiento con la Constitución", ha sostenido, "y está decidido a ejercer tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo".
Dragnea ha sostenido que "cualquier intento de minar la actividad del Gobierno es un intento de desestabilizar el orden en Rumanía", según informa Romania Journal. Los dirigentes del partido han ofrecido su respaldo a Grindeanu, así como al ministro de Justicia, Florin Iordache, quien promovió la medida.
Tras la intervención del líder del PSD, ha tomado la palabra Grindeanu, que ha confirmado lo dicho por éste, recalcando que no se suprimirá el decreto. "Tomamos una decisión hace dos días y seguiremos adelante con ella", ha aseverado.
Asimismo, ante las repetidas preguntas de los periodistas sobre si se planteaba dimitir ante las multitudinarias protestas, el primer ministro lo ha descartado y ha recordado que "millones" de rumanos votaron por su partido en las elecciones.
RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
Entretanto, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha anunciado este jueves que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno.
"He decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional. Se trata evidentemente de un conflicto legal de carácter constitucional entre el Gobierno, el poder judicial y el Parlamento", ha afirmado el mandatario, que ha elogiado a los cientos de miles de manifestantes que han salido a las calles de la capital rumana.
"Los rumanos han entendido muy bien lo que pasa con esta reforma del Código Penal y han dejado muy claro lo que quieren: un Estado de Derecho", ha explicado el mandatario.
Precisamente, el Constitucional ha informado este jueves de que ha dado al Gobierno, el Parlamento y los magistrados hasta el martes 7 de febrero para que presenten sus argumentos respecto al polémico decreto.
Un portavoz del Constitucional ha señalado a Reuters que en los 20 días siguientes a la recepción de los documentos solicitados, el tribunal podría celebrar una sesión y pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto. Si el máximo tribunal no lo bloquea, el decreto entra en vigor en 10 días tras su adopción el martes.
