LONDRES, 5 Jul. (EDIZIONES) -
Si termina reestructurando su deuda, Grecia podría librarse de las batallas legales que duraron una década en el caso de Argentina, aunque los expertos advierten de que los 'fondos buitre' podrían tratar de coaccionar a Atenas de todas formas.
La estructura de la deuda griega y el uso de cláusulas que facilitan que los países impongan pérdidas en los tenedores de bonos, deberían proteger al país de los fondos de inversión contenciosos --los denominados 'fondos buitre'--, aunque los expertos advierten de que estos recursos no siempre son infalibles.
El valor de los bonos de Grecia, que se ha convertido en el primer país desarrollado en incumplir los pagos de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se han desplomado por el miedo a que se repita la amortización de deuda de 2012.
El referéndum del domingo convocado por el Gobierno de Alexis Tsipras para consultar al pueblo griego acepta o no la última propuesta de los acreedores, podría determinar si el país se queda finalmente fuera de la eurozona.
Varios expertos aseguran que todavía no hay señales de que los inversores que asedian países en quiebra estén acechando a Grecia. "Hay un pequeño riesgo de demandas de 'fondos buitre', pero nada como lo de Argentina", ha afirmado Starla Griffin, abogada y miembro del Grupo de Expertos en Reestructuración de Deuda Soberana, apoyado por Naciones Unidas.
Argentina, cuya deuda no contaba con la protección de tales cláusulas cuando cayó en suspensión de pagos en 2002, continúa en mitad de una batalla legal con varios fondos de inversión, entre los que se encuentran NML Capital, de Elliott Management, y Aurelius Capital Management.
PARTICIPACIÓN DE BLOQUEO
Los inversores que quieran excluirse de cualquier amortización de la deuda griega y recuperar primero parte de su dinero tendrían que desbaratar las cláusulas de acción colectiva (CAC).
Dichas cláusulas están escritas en los cerca de 33.000 millones de euros en bonos griegos emitidos en 2012 como parte de la reestructuración y también se aplican a los cerca de 6.000 millones de euros en bonos de 2017 y 2019 emitidos el año pasado.
Los primeros --entregados a los inversores en un proceso llamado Participación del Sector Privado a cambio de bonos más antiguos-- están aún mejor protegidos, porque son considerados como una sola serie.
Para que se aplique una reestructuración en todos estos bonos, los inversores que mantengan al menos dos tercios de los papeles en circulación tendrían que votar, y un 75 de esos votos tendrían que apoyar la moción.
Eso implica que los 'fondos buitre' tendrían que reunir una participación de cerca de 5.500 millones de euros en todos los bonos, en lugar de una participación menor en sólo uno de ellos, para tener posibilidades de éxito.
"Para que se realice una enmienda significativa de las notas PSI el quórum tendría que ser de dos tercios, pero con un 25 por ciento se puede bloquear cualquier propuesta de ese tipo, dado que se requiere un apoyo de un 75 por ciento para su aprobación", ha manifestado Arjun Muddu, de Linklaters, que participó en la mediación de los bancos en la reestructuración de 2012.
Los dos bonos griegos emitidos en 2014 también tienen CAC, pero son distintos. Los títulos dan derecho a un voto por cada bono, lo que implica que los inversores necesitan menos dinero para armar una participación de bloqueo.
AÚN HAY MARGEN
Tras un fallo judicial en Estados Unidos que empujó a Argentina a otra suspensión de pagos el año pasado, el FMI pidió que los CAC exigieran sólo una votación en todos los bonos afectados en lugar de que se realizaran múltiples votaciones por cada uno.
"Los requerimientos (...) le dificultan las cosas a los 'fondos buitre', pero las CAC no son impermeables y en teoría los fondos de inversión igual pueden bloquear una reestructuración con una mayoría grande y diversa", ha apuntado Dania Thomas, catedrática de Derecho de los Negocios de la Universidad de Glasgow.
Hay precedentes en Grecia para los 'fondos buitre'. Atenas aún debe cerca de 4.000 millones de euros en bonos antiguos no reestructurados pero hasta ahora ha cumplido con los pagos de esas deudas y ha evitado demandas judiciales.
Christian Leathley, abogado de arbitraje internacional de Herbert Smith Freehills, ha afirmado que si los inversores no logran una participación de bloqueo en cualquier reestructuración futura, podrían abrir de igual forma procesos judiciales contra el emisor soberano bajo un tratado de inversión bilateral aplicable, como hizo su compañía contra Argentina en tribunales estadounidenses. Grecia ha firmado cerca de 40 de esos tratados con otros países --incluyendo a Alemania--, según datos de Naciones Unidas.
