BEIRUT, 15 Dic. (Reuters/EP) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia que el Gobierno sirio está aprovechándose de las ventajas que le otorga su polémica ley antiterrorista de 2012 para confiscar de manera irregular las antiguas propiedades de los disidentes y de sus familias en las nuevas zonas que está despejando de presencia rebelde en el suroeste de Siria.
Esta ley, promulgada un año después de estallar la guerra civil, permite a los tribunales imponer "incautaciones por seguridad" contra cualquier tipo de activo de individuos concretos, desde cuentas a terrenos, pasando por negocios y, por supuesto, domicilios.
Lo que ocurre es que el Gobierno sirio "ha declarado como terroristas a todos los activistas de oposición", según explica uno de los afectados, un médico natural de Duma bajo condición de anonimato, que denuncia haber sido juzgado y condenado 'in absentia', dado que ahora reside en Turquía. Y así, su casa, su clínica, sus terrenos y su coche han sido expropiados y revendidos en subasta pública.
HRW considera que la ley antiterrorista no es más que la prolongación por vía de urgencia de las durísimas leyes de represión contra los activistas y disidentes que ya existían antes de la guerra.
Dos redes de activistas sirios, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y la Red Siria para los Derechos Humanos, dicen haber verificado al menos 93 y 327 casos individuales respectivamente solo en los últimos cuatro años, desde que comenzara el recuento de afectados.
"Yo levanté mi casa ladrillo a ladrillo", lamenta un arquitecto, también anónimo, que reside en la provincia de Idlib tras escapar de
Guta Oriental en abril. "Con mis propias manos, hasta la última esquina y cada pulgada. Y me la han quitado", asegura. Ninguno de los consultados por Reuters quiere decir su nombre porque muchos de sus familiares viven en zonas controladas por el Gobierno y porque todos se exponen a perder sus propiedades para siempre.
APROPIACIÓN
Este arquitecto anónimo se vio venir lo iba a ocurrirle en el momento en que las fuerzas de seguridad ordenaron su expulsión del Sindicato de Arquitectos e Ingenieros de Siria y cancelaron su pensión. El delineante reconoce que participó en varias protestas contra el presidente sirio, Bashar al Assad, nada más comenzar la guerra, pero asegura que jamás se ha levantado en armas contra el mandatario.
Mientras estaba en Guta, el arquitecto intentó vender sus bienes para que él y su familia pudieran sobrevivir. "Allá por 2016 puse mi coche a la venta. Resulta que el intermediario que tenía en Damasco me dijo que el Gobierno se había incautado de todas mis propiedades, las de mis socios, las de mi mujer y mis hijos", comenta.
El arquitecto acabó vendiendo su coche por parte por un total de 550 euros antes de marcharse junto a su familia de Guta oriental con destino a Idlib, como otras tantas personas, tras alcanzar un acuerdo con las autoridades para poder marcharse sin violencia. Su casa es ahora propiedad del Gobierno, así como su oficina y una pequeña granja.
"Echo de menos hasta el quicio de la puerta. Echo de menos las puertas, las ventanas", explica uno de los hijos del arquitecto. "No puedo describir lo que es dejar una casa en la que has vivido tu vida entera y en la que has plantado árboles que has visto crecer", lamenta.
SIN DEVOLUCIÓN
Estas apropiaciones significan la ruina total y absoluta para los afectados. "Te quitan todo. Todo. No queda nada a lo que regresar", sentencia el arquitecto.
Otro hombre, desplazado de Guta oriental a Idlib, como el arquitecto, dice vivir en la pobreza absoluta, sin trabajo, y sin dinero para cruzar la frontera con Turquía porque los activos familiares -- en especial los de la antigua clase pudiente -- han sido congelados.
"Mis padres son invitados en su propia casa. Todo por ser activistas de oposición. No es justo", explica.
