MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Human Rigths Watch (HRW) ha denunciado este martes que la libertad de expresión se está viendo gravemente comprometida en Egipto y ha reclamado a la Fiscalía que retirar los cargos contra el exauditor general del Estado Hisham Geneina, suspendido por haber alertado de la falta de voluntad política del Gobierno en la lucha contra la corrupción.
Un tribunal de primera instancia de El Cairo ha condenado a Geneina, que tendrá que pagar unas 30.000 libras egipcias (2.900 euros) a un año de suspensión de empleo por difamación. La defensa de Geneina ha manifestado que los cargos presentados contra el acusado están relacionados con unas declaraciones que realizó ante los medios de comunicación sobre el coste de perseguir la corrupción.
"La falta de libertad de expresión en Egipto ha llegado al punto en el que un malentendido puede traducirse en cargos penales y penas de prisión", ha indicado el director de HRW en el norte de África, Nadim Houry. "Esta escalada puede tener efectos muy negativos, especialmente para aquellos funcionarios que denuncien casos de corrupción", ha añadido.
El presidente del país, Abdelfatá al Sisi, ha suspendido a Geneina de su cargo al frente de la Agencia Central de Auditorías después de que advirtiera de que tanto las instituciones como la Fiscalía estaban ignorando los casos de corrupción. Geneina había trabajado para la Administración del presidente Mohamed Mursi, derrocado por el golpe de Estado liderado en 2013 por el propio Al Sisi.
Geneina ha denunciado en varias ocasiones la corrupción sistemática del Gobierno egipcio y ha señalado que el fiscal general no estaba investigando los cientos de casos registrados, incluido uno que involucraba al ministro del Interior. En diciembre de 2015, el periódico 'Al Youm al Sabá' publicó que, según las estimaciones de Geneina, la corrupción costaba al país unos 600.000 millones de libras (60.900 millones de euros) al año.
En marzo, Al Sisi sustituyó a Geneina por Hisham Badawi, diputado y miembro de la Fiscalía que estuvo a cargo de una serie de casos de corrupción contra el expresidente Hosni Mubarak y varios magnates. La defensa, por su parte, ha presentado una apelación ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, alegando que la condena es inconstitucional e ilegal.
Según la legislación egipcia, el jefe de Estado debe nombrar al presidente de la Agencia Central de Auditorías, pero no puede destituirlo antes de que se termine su mandato. Sin embargo, en julio de 2015 y ante la ausencia de Parlamento, Al Sisi aprobó el Decreto 89, que le permitía suspender o destituir a las autoridades de las agencias estatales.
VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
Los cargos contra Geneina violan el Derecho Internacional y la libertad de expresión, según HRW. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) garantiza la libertad de expresión y opinión, estableciendo limitaciones únicamente en casos en los que la seguridad nacional pueda verse comprometida.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que supervisa la implementación del PIDCP, ha destacado que la libertad de expresión "es una condición necesaria para la transparencia, que a su vez es fundamental para la protección de los Derechos Humanos". La destitución y condena de Geneina pone de manifiesto la intención del Gobierno de mermar la independencia y eficacia de las instituciones anticorrupción.
Según la ONU, el Gobierno egipcio debe promover la autonomía de las investigaciones a las diferentes autoridades del país tal y como se establece en la Convención de la ONU contra la Corrupción, que fue ratificada en 2005. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha indicado que "la corrupción supone un gran obstáculo para la realización política, civil, económica, social y cultural de la población".
"Si Al Sisi quiere realmente acabar con la corrupción, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones, debe ceder poder a las agencias reguladoras encargadas de investigar los casos de corrupción en vez de desprenderlas de toda autonomía y convertirlas cada vez en agencias más débiles", ha afirmado Houry. "Proteger la independencia de las organizaciones anticorrupción y de sus funcionarios implica garantizar los derechos y libertades de los egipcios", ha zanjado.
